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La Junta remite al Consejo de Estado los proyectos de universidad privada

Cuando se emita el dictamen, el Ejecutivo decidirá si los envía a la Asamblea regional. Los dos que se han presentado tendrían sede en Badajoz y formarían a distancia

 

La universidad privada avanza en Extremadura. La Junta va a remitir al Consejo de Estado los dos anteproyectos de ley para el reconocimiento de la Universidad Abierta Europa Extremadura y la Universidad Internacional Augusta Emérita, dos iniciativas privadas para impartir formación universitaria a distancia en la región cuya sede física, en ambos casos, se ubicaría en Badajoz.

La protavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, explicó ayer que desde que ambos proyectos fueron presentados a mediados del 2016, la Administración autonómica ha venido trabajando conforme a la Ley Orgánica de Universidades y el Estatuto de Autonomía. Este último permite la implantación de universidades privadas en la región, pero para ello se necesita un desarrollo legal específico.

Así, ambos proyectos de ley fueron sometidos a información pública el pasado octubre y tras atenderse las consideraciones del Consejo Económico y Social (CES) de Extremadura y la Conferencia Sectorial de Universidades, el Consejo de Gobierno acordó ayer su remisión al Consejo de Estado para que emita su dictamen.

El trámite se extenderá «dos o tres meses» y una vez que este órgano se pronuncie, el Ejecutivo autonómico volverá a estudiar los textos para tomar la decisión sobre la implantación de ambos centros. Si finalmente la Junta les diera luz verde, los proyectos de ley deben ser remitidos a la Asamblea de Extremadura, que tendría la última palabra.

INICIATIVAS PRIVADAS / La Universidad Internacional Augusta Emérita está promovida por un grupo de empresas y docentes «con fuertes vinculaciones universitarias» agrupados en la entidad Proactiva Online de Educación Superior. Por su parte, la Universidad Abierta de Europa parte de la Escuela Europea de Estudios de Posgrado.

Ambas tendrían su sede en Badajoz e impartirían formación superior a distancia. Sus títulos serían de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional. Los centros deberán garantizar la viabilidad financiera del proyecto, que se calculará en función de la oferta docente, y remitir a la Junta anualmente una memoria de sus actividades docentes, el alumnado matriculado o el personal con el que cuenta. Además, deberán ponerse en marcha en los cuatro años siguientes a la aprobación de las leyes.

Cabe destacar que además de estas dos iniciativas, también la Universidad Católica de Ávila (UCA) planteó el año pasado la posibilidad de implantarse en la región, aunque en este caso en Plasencia y par impartir formación presencial. La idea agradó al ayuntamiento de la capital del Jerte pero no así a la Junta. El Ejecutivo regional considera que en este caso sí se haría competencia a la Universidad de Extremadura (Uex) al ofrecer formación presencial y porque además no generaría riqueza en la región al ubicarse su sede en Ávila.

Respecto a este proyecto, Gil Rosiña explicó ayer que no hay novedades ya que la UCA no ha cursado solicitud oficial a la Junta y «todo lo que se ha dicho ha sido a través de los medios».

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