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Consejo de gobierno // Acuerdos en cultural, educación y medio ambiente

La ley de Memoria Histórica prevé ayudas y un censo de víctimas del franquismo

«Se hace sin rencor ni venganza, solo por justicia», afirma la consejera Leire Iglesias. Se podrán exhumar restos de familiares y darles «una sepultura digna»

P. CABECERA
18/07/2018

 
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La creación de un censo de víctimas; el derecho a la localización, identificación y sepultura digna de las personas desaparecidas, y la posibilidad de acceder a indemnizaciones para quienes sufrieron la represión franquista. Estos son algunos de los aspectos que contempla el proyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, aprobado ayer por el Consejo de Gobierno, y que ahora iniciará su debate en la Asamblea de Extremadura para su aprobación definitiva. Esta norma se hace «sin rencor ni revancha, solo por justicia y por los derechos humanos de aquellos que padecieron la represión más dura de la historia de España, nuestros abuelos», señaló ayer la consejera de Cultura, Leire Iglesias, al explicar aspectos del texto, que va a compañado por una memoria económica que contempla 700.000 euros para el desarrollo de las acciones previstas.

Esta norma pretende desarrollar la Ley estatal 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y establecen medidas de Memoria Histórica; y su objetivo es recuperar la memoria histórica de los extremeños que padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la Guerra Civil y la dictadura; restituyendo en la medida de lo posible el daño sufrido.

También persigue la regulación de las políticas públicas para la recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura desde la II República hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978 en el ámbito de las competencias de la Junta de Extremadura, así como facilitar el conocimiento y estudio de la represión franquista acaecida en la comunidad autónoma y «reconocer el derecho de la ciudadanía extremeña a la verdad, la justicia y la reparación», así como la protección, conservación y difusión de la Memoria Histórica y Democrática como patrimonio histórico y cultural de toda la población extremeña.

EXHUMACIONES // Además, establece el derecho de los descendientes directos de las personas que murieron por el régimen franquista que así lo soliciten, a «exhumar a sus familiares y darles una sepultura digna», incluyendo todas las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas y cuyo paradero se ignore.

En este sentido, la consejera insistió en que el Gobierno extremeño promoverá cuantas medidas de reparación sean necesarias a las víctimas así como a las organizaciones que contribuyeron a la defensa de la legitimidad democrática de la II República y de la democracia durante la dictadura franquista, mediante la elaboración de estudios y publicaciones, la celebración de jornadas y homenajes o la construcción de elementos de recuerdo y reconocimiento que garanticen una adecuada conciencia histórica de lo sucedido que se transmita a las futuras generaciones.

Otra de las medidas que contempla la normativa es la creación del Instituto de la Memoria Histórica y Democrática para el estudio, investigación, coordinación e impulso de las medidas establecidas en esta norma; así como planes cuatrienales para el desarrollo de las actuaciones.

Iglesias, acompañada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobienro por la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, argumentó que se trata de una normativa «muy trabajada, consensuada y participada» por parte de las entidades memorialísticas de la región; y recordó que Extremadura fue pionera en 2002 cuando se impulsaron los planes de Recuperación de la memoria histórica, que han permitido «cerca de 70 exhumaciones en la región y la recuperación de los restos de 400 víctimas halladas, entre otros aspectos.

SALTO CUALITATIVO // «Era el momento de dar un salto cualitativo en nuestra capacidad de intervención respecto de la recuperación de la memoria histórica e impulsar una ley que ya promovió la Asamblea a través de una propuesta de impulso», resaltó la titular de Cultura, que espera el respaldo al texto en la Asamblea.

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