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JUNTA DE PORTAVOCES DE LA ASAMBLEA

La ley del voluntariado, la sanidad y el cava, a debate en el pleno mañana

El PP vaticina que las cuentas serán un desastre tras «inflar» los ingresos

EFE MÉIDA
25/09/2019

 

La Asamblea de Extremadura aprobará mañana la Ley del Voluntariado de Extremadura en un pleno en el que también se hablará de los pagos pendientes a las comunidades autónomas, del déficit, del tren, del cava y de las infraestructuras sanitarias, entre otros temas. El proyecto de ley, que se debatirá por el procedimiento de lectura única, afecta a 20.000 voluntarios y 130 asociaciones y viene a actualizar de forma consensuada una norma que tenía ya 20 años, según explicó ayer en rueda de prensa la portavoz socialista, Lara Garlito.

Al término de la Junta de Portavoces,Garlito destacó que el texto que es fruto del trabajo realizado la pasada legislatura por los cuatro grupos parlamentarios y sobre todo de la sociedad civil. La sesión se abrirá con dos preguntas al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; la primera de ellas del PP sobre si están trabajando «ya» en la próxima movilización para reclamar en Madrid un tren digno.

A juicio de la portavoz del PP, Cristina Teniente, se ha producido una «operación desmovilización», en la que no se habla del tren a pesar de los incidentes habidos en verano o la baja ejecución. Ciudadanos cuestionará al presidente por los beneficios que va a suponer la declaración de Reserva de la Biosfera para La Siberia. Además, la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, comparecerá a petición del PP para informar sobre la evolución del déficit, ya que Teniente teme que las cuentas al cierre de 2019 sean «un desastre» porque en su momento se inflaron los ingresos.

A continuación se debatirán tres propuestas de impulso; la primera del PP para instar a la Junta a solicitar la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para impedir el bloqueo de las entregas a cuenta a las CCAA por parte del Ejecutivo, después del uso «descarado y partidista» que el PSOE ha hecho de este asunto, según Teniente.

Unidas por Extremadura (UPE) reclamará que la Junta incluya en las bases reguladoras para la concesión de ayudas a empresas e instituciones públicas que como requisito previo para ser beneficiario deban cumplir, y en su caso acreditar, el pago del salario mínimo interprofesional (SMI). Que se cumpla la ley es «una cuestión de cajón», dijo su portavoz, Irene de Miguel.

Cs, por su parte, pedirá a la Junta que encargue a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) un estudio sobre la revisión del gasto en las políticas de empleo, no para fiscalizar las cuentas, sino para evaluar si están funcionando, ha apuntado el diputado David Salazar. Cs también pedirá partidas para la N-430 y la A-81 entre Badajoz y Granada.

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