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la normativa obliga a que el 80% de los asociados hayan nacido en el pueblo o vivan allí

Malestar en la caza por el requerimiento para actualizar las 431 sociedades locales

La Federación de Caza afirma que la medida obvia la realidad actual del mundo rural . La Junta les reclama listados con fotocopia de DNI de los más de 35.000 inscritos que hay

Rocio Cantero Rocio Cantero
25/07/2018

 

Los dirigentes de las 431 sociedades locales de caza de la región llevan 20 días recopilando documentación de sus más de 35.000 socios para cumplir con el requerimiento que les ha hecho llegar la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente para que les remita información detallada de los integrantes de cada colectivo y su vínculo con la localidad.

La Ley 14/2010 de Caza de Extremadura establece que las sociedades locales tienes que están conformadas en un 80% por cazadores naturales o residentes en el municipio o propietarios de los terrenos integrados en el coto social. El otro 20% se deja a criterio de cada colectivo. Pero en realidad, el porcentaje de integrantes que ni viven en el pueblo ni figuran como nacidos allí en la actualidad es mayor, según reconocen desde la Federación Extremeña de caza. Bien porque se marcharon del pueblo por motivos laborales, aunque sigan vinculados a él, o porque son segundas o terceras generaciones los que se integran en estas sociedades y vuelven con ello periódicamente al pueblo.

La casuística es variada y hasta ahora, las juntas directivas de cada sociedad se hacían cargo de gestionarlas, sin que supusieran un problema en la actualización de datos que periódicamente (al menos una vez al año) les reclama la administración.

despoblación rural/ La diferencia este año es que junto a los listados de asociados que les piden habitualmente, hay un nuevo requisito: una fotocopia del DNI. «Según mi DNI, yo no puedo cazar en mi pueblo, Valencia de las Torres, porque donde nací es en Llerena que es donde estaba el hospital y donde vivo, por trabajo, es en Badajoz», explica a modo de ejemplo el presidente de la Federación Extremeña de Caza, José María Gallardo. Esa situación es la que advierte que afecta a muchos de los más de 35.000 miembros de las sociedades locales de caza y que la Junta está obviando con el nuevo requisito. «Nunca se habían pedido tantos requisitos como ahora. Se está generando una enorme cantidad de burocracia», dice Gallardo, que confía en que la administración acabe siendo flexible con la situación de los pueblos. Pero lo que les trasladan las sociedades locales es que están preocupados por que puedan expulsar a parte de los integrantes.

Desde la administración regional recuerdan que lo que se hace es lo que establece la Ley de Caza de Extremadura y el reglamento de 2013 sobre los terrenos cinegéticos, en el que se daba un plazo de 5 años para regular su gestión, y el plazo concluyó el 31 de mayo.

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