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El nuevo contrato del transporte sanitario se adjudicará por lotes

PP, Cs y Podemos muestran su apoyo a los trabajadores y reclaman sanciones. Vergeles reitera que no hay argumentos legales para rescindir la relación con Tenorio

 

El consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, avanzó ayer en el pleno de la Asamblea que el nuevo contrato para el transporte sanitario se adjudicará en 2021 por lotes y con la participación de todas las partes implicadas en el proceso. Vergeles compareció a petición del PP para informar del grado de cumplimiento de la actual adjudicataria, Ambulancias Tenorio, y pese a capitalizar todas las críticas, aseguró que no caerá en la«trampa» de la oposición de rescindir el contrato ahora en vigor «sin argumento legal».

El consejero reiteró que el contrato con Tenorio no se prorrogará, algo que ya se ha comunicado a la empresa. Admitió que existen problemas en el transporte programado, que ha aumentado más de un 10% anual, pero esto no es causa para dejar sin efecto el contrato. Vergeles también recordó que se ha iniciado un procedimiento sancionador a partir de unas actas de infracción, en el que si se determinan «las condiciones legales para rescindir el contrato, lo rescindiremos, pero con seguridad jurídica y administrativa», reiteró.

Según dijo, la Administración lleva a cabo un control estricto y vela desde el primer momento por que se cumplan todas las condiciones, pero «en ningún caso va a sustituir las labores propias del comité de empresa», informa Efe. Se han producido hasta 10 reuniones de la comisión de seguimiento del contrato, a la que se han incorporado representantes de los comités de empresa. El análisis de las reclamaciones arroja un 0,003% de los servicios reclamados, cifras «similares o inferiores» a las que había con la anterior adjudicataria, y se realizan inspecciones de vehículos periódicas, incluso «por sorpresa».

Fernte a estos argumentos, la portavoz del PP, Cristina Teniente, transmitió «un mensaje de apoyo» a los trabajadores, que siguen en su lucha, con paros y una huelga indefinida para defender sus derechos laborales, que están siendo «pisoteados por una empresa que ha sistematizado el fraude fiscal y laboral», dijo. En el PP creen que hay «causas sobradas» para la rescisión del contrato y se preguntan qué hay detrás para que la Junta no tome medidas ante los incumplimientos reiterados del convenio y del pliego de condiciones, que han llevado a 74 actas de inspección de trabajo. Por su parte, la diputada de Cs, Encarna Martín, exigió a la Junta que «tome conciencia del problema y adopte una solución digna ya». En la misma línea, el diputado de Unidas Podemos Joaquín Macías abogó por poner sanciones y rescindir el contrato.

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