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LA JUNTA LO ADELANTA A AGOSTO PARA CUMPLIR CON HACIENDA

La patronal extremeña ve con "preocupación" el cierre prematuro del presupuesto

Teme cómo puede afectar a las inversiones productivas que incluye el ejercicio 2016

REDACCION
02/09/2016

 

Las circunstancias mandan y las condiciones (del Ministerio de Hacienda) obligan, pero no por ello el anuncio de la Junta de cerrar en agosto el ejercicio presupuestario del 2016, cuando lo normal es que se produjera en octubre, ha dejado de sembrar la "preocupación" entre los empresarios extremeños, que ayer expresaron a través de un comunicado el temor a los efectos que esta medida "pueda tener sobre las inversiones productivas que estaban contempladas en los presupuestos". La Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) lamenta la decisión, que aun no siendo novedosa, sí que lo es la fecha en la que se insta, sobre todo teniendo en cuenta que la apertura de los presupuestos regionales no se realizó hasta el día 1 de abril.

Según publicó el miércoles el DOE, la Junta de Extremadura, siguiendo la voluntad del Gobierno central, adelanta varios meses este cierre (se suele hacer en octubre) y abre el ejercicio de 2017 a fin de avanzar en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y como consecuencia de los compromisos adquiridos por las distintas administraciones.

Lo que hace el ejecutivo extremeño es aplicar el requerimiento remitido el pasado julio desde el departamento que dirige Cristóbal Montoro para remitir, como se le había solicitado, antes del 5 de septiembre, las líneas fundamentales de la orden de cierre del ejercicio.

De esta manera, los documentos de retención de crédito para gastar, autorización y compromiso de gastos (en fases sucesivas o simultáneas), han dejado de tramitarse y admitirse con una serie de excepciones recogidas en la orden de 30 de agosto publicada en el DOE. Desde ahora no se podrá iniciar ningún expediente de gasto nuevo ni autorizar nuevos contratos menores con la excepción de las prórrogas de contratos o que se deriven de acuerdos marco que resulten precisos para el funcionamiento ordinario de los servicios de la administración autonómica.

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