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Las pequeñas asociaciones, en riesgo de desaparecer

La nueva gestión autonómica de la ayuda social de IRPF solo ha favorecido a las grandes entidades. Usuarios sin servicio ni apoyo, empleados en el paro y cierre de sedes, las consecuencias

ROCÍO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ region@extremadura.elperiodico.com CÁCERES
03/03/2018

 

Asociaciones en quiebra. Pequeñas entidades que llevan cumpliendo una labor social básica en los municipios extremeños desde hace años e incluso décadas ven peligrar su existencia. Pelean en el campo de la discapacidad, las enfermedades degenerativas, la igualdad, las adicciones, los trastornos alimenticios... Pero ahora la falta de recursos económicos les ha obligado a cancelar programas, a romper su continuidad, lo que significa despedir a trabajadores y dejar a los usuarios sin servicio. Y, de momento, no hay solución. ¿Qué ha ocurrido para llegar a este déficit? Aquí cuatro claves que explican el contexto y la realidad actual.

1La sentencia del TC a petición de Cataluña

Una sentencia del Tribunal Constitucional le dio el año pasado la razón a Cataluña, que consideraba que el Gobierno central invadía competencias autonómicas en materia de asistencia social con la gestión de los programas del 0,7% del IRPF. El Estado entonces se vio obligado a modificar el reparto de esta subvención: este año ha sido el primero que ha estado en manos de las comunidades y no del Ministerio. El 80% del dinero lo han administrado las regiones y el otro 20% el Estado.

2Esta vez, solo un 20% de beneficiarias

El cambio ha motivado que Extremadura tenga su propio decreto, redactado en la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y basado en la «concurrencia competitiva». Y la modificación ha ocasionado que, esta vez, el 80% de las asociaciones se queden fuera de la financiación: solo 33 de las 160 presentadas han accedido a la ayuda anual que les permite seguir con vida y la cual llevan años recibiendo. Lo cierto es que más de la mitad del dinero (la cuantía total era de algo más de 6 millones) ha ido prácticamente a cuatro entidades: Plena Inclusión, Cruz Roja, Cáritas y la Asociación Contra el Cáncer.

3Los errores en el cambio de base

La denuncia es que, en esta ocasión, se ha primado más a las entidades con mayor número de voluntarios, las que cuentan con sello de utilidad pública o de calidad (una distinción, que, aseguran, cuesta unos 4.000 euros que pequeñas asociaciones no se pueden permitir) y que a las beneficiarias se les han financiado el 100% de los programas, cuando el porcentaje antes nunca llegaba al máximo, de manera que no ha habido más dinero para las demás. Desde Sanidad y Políticas Sociales admiten que la gestión podría haber sido más «participativa» y el propio consejero, José María Vergeles, se ha mostrado dispuesto a modificar el decreto de reparto del 0,7% del IRPF de cara al próximo año. También es cierto que antes las asociaciones mandaban los proyectos a sus federaciones estatales y estas se encargaban de adaptarlos y presentarlos al Ministerio. Esta vez, al ser una gestión autonómica, no han contado con esa ayuda.

4Varias explicaciones, ninguna solución

Desde la consejería de Sanidad y Políticas Sociales primero argumentaron que se habían presentado «muchos más programas que otros años» y que harían falta 21 millones más para cubrir todas las peticiones. También, que algunos proyectos estaban en blanco y por eso no tenían financiación. Pero después han reconocido que el reparto podría haber sido más equitativo y que el próximo año se hará de otra manera. Pero no hay solución a corto plazo para los programas que ya se han suspendido y las entidades que ya han cerrado. Son sobre todo asociaciones menores. Como ellas mismas han denunciado, «el pez gordo se come al chico». A continuación, algunos ejemplos de qué significa este recorte económico.

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