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VISTA PÚBLICA SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DERRIBO DEL COMPLEJO DE OCIO Y RESIDENCIAL DE EL GORDO

Los peritos se ratifican: mantener Valdecañas es más perjudicial para el medioambiente

Junta, propietarios y promotor mantienen dudas sobre el informe y los ecologistas solo contemplan la demolición. Las partes tienen 20 días para enviar sus conclusiones y pronunciarse sobre la cuestión de inconstitucionalidad

G. M. region@extremadura.elperiodico.com CÁCERES
13/09/2019

 

El complejo de Isla Valdecañas, sobre el que pesan dos sentencias de derribo, sentó ayer de nuevo a todas las partes en conflicto en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). El caso está juzgado, pero la cuestión ahora es cómo se ejecuta esa sentencia. Cada una de las cinco partes mantienen sus posturas: la Junta, la promotora del complejo, los municipios de El Gordo y Berrocalejo y los propietarios quieren mantener el complejo y acometer las medidas correctoras necesarias y los ecologistas (Adenex y Ecologistas en Acción) no contemplan otra opción que no sea la demolición.

Pero ayer los protagonistas no fueron ninguno de ellos, sino cinco investigadores de la Estación Biológica de Doñana (dependiente del CSIC) ajenos al conflicto, que han sido los encargados de elaborar el informe sobre los efectos ambientales del complejo en la zona protegida donde se construyó y que ayer, en Cáceres, se ratificaron en sus conclusiones. Entre ellas, que mantener Valdecañas en su estado actual es lo más perjudicial para la Zepa. Valoran solo cuestiones medioambientales y plantean una demolición parcial superficial, sin movimiento de tierras.

Este informe fue encargado en el 2015 por el TSJEx cuando la Junta planteó la imposibilidad de ejecutar las sentencias y se entregó el pasado enero. Desde entonces las partes han tenido tiempo para estudiarlo con detenimiento y han podido plantear dudas y aclaraciones a los autores por escrito. Y ayer lo hicieron de viva voz.

BANQUILLO / Los cinco científicos del CSIC ocuparon el banquillo de los acusados de la Sala de lo Contencioso Administrativo. No estaban siendo juzgados, aunque sí lo pareció en algún momento durante las tres horas y media que duró la vista pública. Se inició con el letrado de la Junta de Extremadura, Antonio Alonso, el que más preguntas (una treintena) lanzó a los investigadores aunque varias de ellas, como apuntó el presidente de la Sala, ya habían sido respondidas por escrito.

«Apreciamos dudas, oscuridad, incertidumbre e incluso errores en el informe», advirtió el abogado. Tras él, lanzó sus preguntas el abogado de la Diputación, Luis Carlos Martín, que representa a los dos municipios a los que pertenece la isla, y los dos letrados de las tres comunidades de propietarios, Luis Díaz-Ambrona y Joaquín Bernaldo de Quirós.

Preguntaron dudas sobre la metodología empleada en determinados censos de especies, sobre la comparativa con datos en Cataluña, los censos de aves amenazadas, de cormoranes, de grullas, de milanos... y, entre otras, sobre la generación de residuos.

«Teniendo en cuenta que el año 2017 no se reciclaron ni un 30% de los residuos generados, ¿no será un mayor problema ambiental la generación de 140.000 metros cúbicos de residuos que, indican, supondría demoler Valdecañas?», cuestionó el letrado de la Junta. «No, eliminaría el problema, y lo que habría que aumentar es el volumen de residuos reciclados. Hay nuevas técnicas que permiten el reciclaje del 100%», respondió uno de los peritos.

ZONA DE USO GENERAL / Por parte de los propietarios, los abogados cuestionaron datos y fuentes del estudio y pusieron sobre la mesa que el plan de uso y gestión de la Zepa (elaborado en 2012) establece que la isla es una zona de uso general, lo que permite la actividad humana haya o no haya construcción en la zona. «No es incompatible, otra cosa es que eso sea ambientalmente beneficioso», respondieron.

Tras los propietarios, llegó el turno de los ecologistas. De Mª Ángeles López, por parte de Adenex, y de José Mª Trillo de Ecologistas en Acción. A ellos el informe ambiental les genera pocas dudas y aprovecharon la vista para insistir en los «beneficios» de la demolición y en problemas que persisten en el complejo en funcionamiento, como la estación depuradora de agua «que no está funcionando bien».

El abogado de la promotora de Marina Isla de Valdecañas, Antonio Uceda, fue el más incisivo. A sus preguntas los peritos reconocieron que la principal antropización (transformación ejercida por el ser humano) en la zona fue la construcción del embalse de Valdecañas, el cual «no tiene una gran calidad ambiental para las aves».

Durante la vista, el presidente de la Sala también formuló algunas cuestiones a los investigadores: ¿Alguna alternativa a la demolición? «Que se vacíe la isla y se mantenga la edificación es una posibilidad pero conllevaría problemas de que sean ocupadas y también habría un menor espacio para la regeneración, pero no estamos aquí para dar una solución».

Para los peritos algunas de las preguntas formuladas ya estaban recogidas en el informe, otras carecían de relevancia para sus conclusiones, en otras cuestiones explicaron metodología o material utilizado –admitiendo que han tirado de hipótesis en algunos casos porque no han tenido a su alcance toda la información necesaria bien por no existir o por no haber sido facilitada– y en otras respuestas fueron taxativos: «El uso urbano es de los factores más perniciosos para el medioambiente, máxime cuando se trata de un área protegida». En sus respuestas dejaron claro que el cuidado del medioambiente también tiene mucho de voluntad: «cualquier espacio se puede restaurar y alcanzar un gran valor o se puede degradar o mantener, pero es cuestión de voluntad. Todo depende de a qué se quiera destinar ese espacio». Y esa podría ser, quizá, una de las claves.

El conflicto, por tanto, continúa. Aclaradas o no las dudas en la vista pública de ayer, las partes tienen ahora 20 días para elaborar sus conclusiones. El presidente de las Sala les pidió que formulen peticiones concretas y planteen también posibles alternativas a la ejecución de la sentencia y medidas correctoras.

Además, les requirió que se pronuncien sobre la cuestión de inconstitucionalidad de la ley del suelo extremeña (que fue modificada en la Asamblea para dar cobertura legal al proyecto de Valdecañas que ya estaba declarado nulo por un juzgado) que se está tramitando en el Tribunal Constitucional. Luego habrá otros 20 días para replicas antes de que el TSJEx dicte su resolución final, probablemente antes de que termine este 2019.