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MANIFESTACIÓN EN MÉRIDA

Piden que no haya «empresas piratas» en la seguridad

Aseguran que la propuesta salarial es «inadmisible» para los trabajadores. CCOO, USO y UGT alertan de contratos a la baja en el sector con firmas ‘low cost’

 

Manifestación ayer en Mérida frente a Presidencia de la Junta. - EL PERIÓDICO

REDACCIÓN
25/10/2017

La acusación es que hacen contratos a la baja con «empresas piratas». Representantes de CCOO, USO y UGT del sector de la seguridad privada se concentraron ayer ante la sede de la Presidencia de la Junta en Mérida para denunciar la actitud de la patronal del sector en el convenio y del Gobierno regional. El secretario de la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada de USO, José María León Romero, recordó que el convenio sectorial a nivel nacional está bloqueado, ya que pese a que se retiró de la mesa de negociación nacional algunas cuestiones de carácter social, como la antigüedad o complementos, su propuesta salarial «es inadmisible». Se basa en una subida del 0% en 2017, un 1,5% en el 2018 y un 1,4% en 2019, en lugar del 2,5% cada año, «que es lo razonable y digno para el sector». Además, añadió que con esta concentración ante la sede de la Presidencia se quiere mostrar «el descontento» con la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Pública, «que abre la puerta a la proliferación de empresas low cost y empresas piratas, que no respetan el convenio».

REFORMA LABORAL / A su juicio, tanto la patronal como la administración regional se basan solamente en el criterio económico y la propia Unión Europea ha alertado ya de que se está aplicando de forma errónea porque la condición más ventajosa no es siempre la económica.

Según José María León, aunque la Junta de Extremadura «tiene sobre el papel una normativa que prima en los concursos a las empresas que cumplen las cláusulas sociales, con este tipo de empresas que desechan el convenio nacional y aplican los suyos propios, como les permite la reforma laboral, queda poca opción para aplicar esas cláusulas».

Por su parte, el responsable de Seguridad de UGT de Extremadura, Raúl Plano, aseguró que en la región estarían afectados más de 4.000 trabajadores. En este sentido, precisó que casi el 80% de los trabajadores de vigilancia trabajan para la Junta de Extremadura, con un salario base de 1.122 euros, «que se quedan en unos 900 euros limpios», y criticó que en el próximo reglamento tendrás mas atribuciones, pese a que desde 2007 han tenido una pérdida de poder adquisitivo del 20%.