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PRESENTACIÓN DE LOS PRIMEROS RESULTADOS EN EXTREMADURA DE ESTE PLAN ESTATAL

El Plan por un Trabajo Digno transforma en indefinidos 1.246 contratos fraudulentos

Es un proyecto de ámbito nacional centrado sobre todo en la lucha contra la precariedad laboral. La Inspección de Trabajo aflora en la región hasta agosto 2.700 contratos, duplicando los de 2016

REDACCIÓN region@extremadura.elperiodico.com MÉRIDA
29/09/2018

 

El Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020 ha permitido hasta el momento en Extremadura la transformación en indefinidos de 1.246 contratos temporales fraudulentos; lo que supone el 62,5% de los trabajadores afectados. Así lo puso ayer de manifiesto la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez; que junto al subsecretario de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Raúl Riesco, acompañados por la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, presentaron algunos datos de la aplicación de este Plan en la comunidad autónoma extremeña.

En la región, señalaron, los resultados de la actuación de la Inspección de Trabajo en la lucha contra el fraude en la contratación temporal son positivos, pues entre enero y agosto de este año la cifra de transformación de contratos en indefinidos ha sido de 2.697, superando así los resultados totales del año 2017, donde se alcanzaron 2.561 transformaciones, y duplicando las cifras de 2016, con 1.210 contratos temporales transformados en indefinidos.

Previamente a la presentación en un acto celebrado en la sede de Presidencia de la Junta, tuvo lugar una reunión a la que también asistieron la directora general de Trabajo, Sandra Pacheco; la directora general de Empresa, Ana María Vega, así como la directora del organismo estatal de la Inspección de Trabajo, María Soledad Serrano, junto a responsables de los agentes sociales y económicos de la región.

El Plan Director por un Trabajo Digno fue aprobado en Consejo de Ministros de 27 de julio de 2018, con el objetivo principal de recuperar derechos laborales y mejorar la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo, reforzando la sostenibilidad presente y futura de la Seguridad Social y de prestaciones sociales.

Su puesta en práctica, destacaron, implica un giro cualitativo en las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, centradas con el anterior Gobierno en la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, que sin olvidar dicho objetivo ahora se orientarán a la lucha contra la precariedad laboral.

Entre las medidas que se contemplan destacan las destinadas a luchar contra el abuso y el fraude en la utilización de los contratos temporales, así como contra los abusos en la contratación a tiempo parcial, excesos de jornadas y horas extras no pagadas ni compensadas.

De agosto a diciembre de 2018, se ha puesto en marcha un plan de choque que ha supuesto el envío de un total de 81.639 cartas a empresas presuntamente incumplidoras en toda España, que afectan a 130.831 trabajadores. Así, estas cartas han dado lugar a que 46.554 contratos temporales fraudulentos se hayan convertido en indefinidos, lo que representa un 57% del total de 80.529 trabajadores afectados por el plan de choque. Una segunda fase implicará que, aquellas empresas que no hayan regularizado su situación como consecuencia de la comunicación recibida, o bien hayan procedido a la extinción de la relación laboral de los trabajadores afectados, serán objeto de la correspondiente actuación inspectora.

En Extremadura, el número total de comunicaciones remitidas en la primera fase del plan de choque ha sido de 1.992, de las cuales 1.511 son relativas a fraude en contratación temporal y 481 afectan a posibles supuestos de uso irregular de la contratación a tiempo parcial.

Raúl Riesco subrayó los buenos resultados de la actuación de la Inspección de Trabajo en la lucha contra la utilización fraudulenta de la contratación temporal, que en Extremadura ha superado la media nacional, y ha anunciado que se va a aumentar el cuerpo de inspectores en 833 plazas en todo el país y un aumento del presupuesto nacional para la Inspección de Trabajo en 30 millones de euros.

También señaló que la reforma laboral unilateral que llevo a cabo el Gobierno de España en 2012 «dejó graves heridas en el mercado de trabajo», y aunque la temporalidad ya era un problema estructural en el mercado de trabajo, ha aumentado como consecuencia de la misma.

«QUE NO SE ESTIGMATICE» // Por otro lado, el secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX), Francisco Javier Peinado, apoyó ayer la lucha contra el fraude y la economía sumergida pero pidió que «no se estigmatice» la contratación temporal o a tiempo parcial como, a su juicio, hace el Plan por un Trabajo Digno, y que es necesaria en determinados sectores. Además, lamentó que el Plan «no afecte a los planes de inspección contra la economía sumergida porque es ahí donde radica la competencia desleal y el fraude».

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