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Podemos urge destinar el 1,5% del PIB regional a investigación

 

Guadalupe Moral
24/04/2016

El consejo de gobierno de la Junta autorizó hace dos semanas la posibilidad de modificar la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Extremadura tal y como pide el grupo parlamentario Podemos. Acepta la tramitación de la iniciativa pero no comparte el contenido de la propuesta al completo, según explicó la portavoz de la Junta.

Una de las demandas de la formación morada es invertir como mínimo cada año en investigación el 1,5% del Producto Interior Bruto regional. Desde la Junta argumentan que no se puede blindar todo el presupuesto pero esperan mejorar los últimos datos tras ejecutar un presupuesto, el de 2016, que destinará 105 millones de euros a innovación y tecnología, según el Ejecutivo. "Ojalá logremos alcanzar el 1,2% del PIB en investigación --en 2014 fue el 0,67%--", deseó hace unos días el secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación, Jesús Alonso.

Además de fijar una inversión mínima, Podemos busca con su propuesta que se fijen plazos y asignación de ayudas a los proyectos de investigación e innovación para dar garantías y seguridad a los investigadores. "Queremos eliminar la incertidumbre, que se establezcan plazos fijos de cuándo presentar las solicitudes, cuándo se evalúan los proyectos y cuándo se recibe la financiación. Así se deberían encadenar los proyectos y eliminar la precariedad de un sector tan importante y que la inversión fluctúe y no dependa de tramitaciones ajenas", indica el diputado Obed Santos.

El grupo parlamentario Podemos considera que la normativa regional actual no recoge una de las principales cuestiones que, a su juicio, preocupa a los investigadores. Las medidas que propone, señala, son demandas de los grupos de investigación de la Universidad de Extremadura. La formación indica que la modificación de la Ley de Ciencia es continuidad de una propuesta de impulso ante comisión parlamentaria, aprobada por "unanimidad" el pasado 18 de diciembre, en la que se instaba a recoger, entre otras cosas, todas las convocatorias públicas de I+D+i en un calendario bianual, de "obligado cumplimiento".