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EL CONCURSO DEL TRANSPORTE SANITARIO CENTRA LOS ASUNTOS DEL PLENO DEL PARLAMENTO

PP y Podemos se unen para fijar que hubo irregularidad en las ambulancias

Logran en la Asamblea aprobar sus conclusiones; no las de PSOE y Cs. El PSOE se queda solo en su acusación de que hubo «boicot» en el traspaso

P. C. region@extremadura.elperiodico.com MÉRIDA
13/06/2018

 

Hubo irregularidades en el concurso para el servicio del transporte sanitario terrestre que favorecieron a Ambulancias Tenorio, y no se produjo boicot por parte de la anterior concesionaria del servicio (Consorcio Extremeño de Ambulancias) durante el traspaso de competencias. Esta es la conclusión general que sale de la Comisión de Investigación abierta en la Asamblea de Extremadura sobre este asunto y cuyo dictamen de conclusiones fue aprobado ayer en el Parlamento regional, avalando las elaboradas por PP y Podemos, encaminadas en este sentido; y rechazando las presentadas por PSOE y Ciudadanos, que llegaron en forma de voto particular a la sesión plenaria. El Grupo Socialista se quedó solo en su argumentación de que hubo «boicot» por parte de la anterior adjudicataria del servicio para «colapsar» el trabajo que ahora presta Ambulancias Tenorio.

La diputada socialista Ascensión Godoy acusó incluso de que los anteriores responsables de este servicio «no tributaban» por su trabajo, una acusación que tanto Ciudadanos como PP consideran «muy grave». A este respecto, la diputada socialista indicó que «los socios de la anterior adjudicatoria obtenían beneficios empresariales que camuflaban cobrándolos en sus desorbitantes nóminas mensuales, en lugar de tributar por ellos»; una acusación que tanto Ciudadanos como el Grupo Popular entienden que debe terminar en los tribunales.

El diputado del PP José María Saponi, cuyo grupo ha trasladado la Fiscalía sus conclusiones, recalcó en su intervención la existencia de indicios de posibles delitos como prevaricación o malversación de fondos por un supuesto trato de favor de la Administración extremeña hacia la actual empresa adjudicataria, Ambulancias Tenorio, tanto en la información facilitada en el concurso como en la inspección de los vehículos. «Ustedes primaron criterios económicos para ahorrarse 17 millones en lugar de criterios para la mejora del servicio; y se vulneró la igualdad entre las empresas participantes porque se dio distinta información a los distintos licitadores», declaró.

Todo ello, a su juicio, puede poner en riesgo la prestación del servicio y conlleva el incumplimiento de las condiciones laborales de los trabajadores y de las mejoras recogidas en el pliego de condiciones.

Además, entre las conclusiones del PP aprobadas figuran la denuncia de «trato de favor» a Ambulancias Tenorio, que aún no se han establecido las mejoras contenidas en los pliegos de adjudicación, y la «falta de diligencia» por parte de la Junta, por lo que Saponi insistió en que «debe haber dimisiones o ceses porque han sido muchos los responsables políticos»; aunque personalizó en el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara; y el consejero de Sanidad, José María Vergeles.

Por su parte, entre las conclusiones de Podemos aprobadas ayer en el Parlamento destacan las supuestas irregularidades en torno a la distinta información que recibieron los licitadores, con lo que el concurso para su diputado Daniel Hierro «no se produjo en igualdad de condiciones» para todas las empresas que concurrían. Además, el precio del concurso tampoco contempló la cuantía real del servicio, por lo que no se pueden implementar las mejoras contempladas y se están incumpliendo las cláusulas sociales y el convenio colectivo de los trabajadores, lo que está dando lugar a sentencias condenatorias para Ambulancias Tenorio, recalcó.

Sin embargo, para el PSOE el concurso fue «legal, transparente y objetivo», y hubo «injerencias y el boicot» por parte de la anterior adjudicataria, lo que provocó, a su juicio, el colapso del servicio en los primeros días del traspaso, sentenció la diputada Ascensión Godoy.

Victoria Domínguez, de Ciudadanos, señaló que la comisión no ha permitido constatar supuestas ilegalidades en el proceso, aunque deja abiertas «importantes dudas e interrogantes», por lo que ha pedido la creación en la Asamblea de una comisión que controle el servicio del transporte sanitario.

Todos los grupos coincidieron en denunciar la abusiva contratación en prácticas que lleva a cabo la nueva adjudicataria, por lo que le exigieron una reducción en las mismas.

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