+
Accede a tu cuenta

 

O accede con tus datos de Usuario La Crónica de Badajoz:

Recordarme

Puedes recuperar tu contraseña o registrarte

 
 
 

EL COLEGIO DE MEDICOS DE CACERES AFIRMA QUE LA NORMATIVA ES "ACERTADA"

Sanidad pide al Supremo suspender el decreto de prescripción enfermera

Vergeles considera que el texto "siembra conflicto" entre los profesionales

 

La Junta de Extremadura recurrirá al Tribunal Supremo la suspensión del real decreto 954/2015, que regula la dispensación y el uso de fármacos por parte de los enfermeros, debido a la "importante alteración organizativa" que supone para el Servicio Extremeño de Salud (SES). El texto, que inicialmente se había interpretado como un avance significativo para las competencias de los enfermeros, se ha convertido finalmente en motivo de crispación entre los profesionales porque acciones tan cotidianas como poner vacunas o utilizar una crema con antibiótico para curar una herida pasan a ser prácticas ilegales si no hay una autorización expresa del médico.

A juicio del consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, con estas condiciones el decreto "limita profundamente el derecho de actuación de los profesionales de la enfermería" y viene a "sembrar un conflicto" entre dos profesiones (médico y enfermero) que están obligadas a trabajar en un ambiente colaborativo. A ello se suman los "importantes cambios organizativos" que habría que introducir en el SES para cumplir la nueva normativa.

La Consejería de Sanidad analizó ayer este nuevo escenario con sindicatos y colegios profesionales y "ante la inexistencia de mecanismos para aplicar el decreto de forma inmediata", se ha optado por hacer "una interpretación amplia" del mismo y solicitar la suspensión cautelar del texto al Tribunal Supremo. El Ejecutivo está estudiando además interponer un recurso por una posible limitación del derecho a la profesión de enfermería.

La Junta entiende que un decreto de estas características, que repercute directamente en el funcionamiento de los sistemas sanitarios autonómicos, debe hablarse con las comunidades y por ello exige también la convocatoria del pleno del Consejo Interterritorial de Salud para pedir la suspensión del decreto y la derogación del polémico artículo 3, así como una definición "clara y consensuada" de la dispensación y el uso de los medicamentos por parte de los enfermeros, con un criterio homogéneo para todo el país.

Frente a la posición de la Junta, el Colegio de Médicos de Cáceres considera que la redacción definitiva del artículo 3 "es acertada" y entiende que con esta nueva norma "quedan perfectamente delimitados los campos de actuación y competencias de médicos y enfermeros en relación a los medicamentos sujetos por ley a prescripción médica".