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el 27 de junio se publicó la orden para cubrir 50 vacantes

Sgtex recurre las bases de la oposición para los Agentes del Medio Natural

Pide anular el proceso y abrir otra convocatoria que cumpla la normativa

Rocio Cantero Rocio Cantero
02/08/2018

 

Auguraban recursos y el primero ya está en la Dirección General de Función Pública. El Sindicato General de Trabajadores Extremeños (Sgtex) ha interpuesto un recurso de reposición contra las bases de la convocatoria para cubrir 50 plazas vacantes de la especialidad de Agentes del Medio Natural bajo la fórmula del concurso- oposición. El sindicato considera que varias de las condiciones incluidas en la Orden de 27 de junio de 2018, que regula esta convocatoria incurren en «una infracción» del Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Función Pública de Extremadura y piden por ello que se suspenda la convocatoria en curso y se abra una negociación para sacar una nueva convocatoria, «que cumpla con la normativa vigente» y que resuelva la actual carencia de personal.

En concreto, según recogen en las cinco páginas de que consta el recurso, señalan que la orden exige a los aspirantes estar en posesión del título de Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural y «ese nivel de titulación corresponde a un grupo B» según el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Función Pública de Extremadura y sin embargo, la categoría de las 50 vacantes es inferior (C1) y por tanto únicamente debería ser exigible el título de Bachiller Superior o Técnico (la retribución, es inferior también). Además consideran que tampoco se ha dado opción a presentarse a la convocatoria a aquellos que tienen «una titulación superior», algo que contempla el Reglamento de Organización y Funcionamiento de Agentes del Medio Natural.

inseguridad jurídica/ Sgtex recuerda que ya en el 2013 se aplazó la convocatoria de plazas de esta especialidad, precisamente por la «inseguridad jurídica» que planteaba en ese momento el hecho de que se requiriera una titulación superior a la categoría asignada entonces a estos trabajadores. La situación se corrigió con la Ley de Función Pública de 2015, que creó la categoría B. Por ese motivo, recoge el recurso que ya en la negociación de las bases de esta convocatoria los sindicactos alertaron de la «presunta ilegalidad» en la que incurría la Administración con esas bases, y el «agravio comparativo» respecto a otras convocatorias de especialidades de la misma categoría (C1) en las que sí se ciñen los requisitos a la titulación que corresponde a esta categoría: Bachiller o Técnico.

El recurso incide además en que la orden no incluye un calendario para llevar a cabo las pruebas como contempla la ley y advierte que «la continuidad de un proceso viciado de nulidad podría devenir en su posterior anulación, provocando graves perjuicios tanto a los opositores como a la propia Administración».

Los sindicatos ya advirtieron a principios de julio, después de que se publicaran las bases de la convocatoria, de que lo que estas contenían abocaban el proceso a llenarse de recursos.

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