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RESOLUCIÓN FINAL

El TS no admite el recurso la ex interventora de la Diputación de Cáceres tras su cese

 

El portavoz del Gobierno provincial, Álvaro Sánchez Cotrina. -

31/10/2019

El Tribunal Supremo (TS) no ha admitido el recurso interpuesto por la ex interventora de la Diputación de Cáceres contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), en junio de 2018, que declaraba su cese conforme a derecho.

De esta forma culmina el proceso de cese de la interventora que se inició en diciembre de 2016 con el argumento de una “mejora y modernización de las áreas de Economía, Administración, Contratación e Intervención General”, según matizó en su momento el Gobierno provincial de Rosario Cordero.

Desde la institución provincial han señalado que el cese se produjo con una resolución de la presidenta por “pérdida de confianza en su idoneidad técnica”.

Según el portavoz del Gobierno provincial, Álvaro Sánchez Cotrina, el TS “nos da la razón, rechazando las críticas que en su día se hicieron desde la oposición, hablando de caza de brujas”. De esta forma, ha insistido en que “lo único que se pretende es poder trabajar de forma ágil, segura y con todas las garantías que nos da la legalidad, y hacer la política que la ciudadanía necesita, que debe pasar por un desarrollo de la provincia y una gestión eficaz de las administraciones”.

Según la sentencia del TS, la resolución del cese pone de manifiesto “inseguridad, cambios de criterio y constantes observaciones en la actuación de la Intervención que afecta a otros servicios administrativos, provocando disfunciones en el funcionamiento de la Diputación”.

A su vez, y según los datos aportados por Cordero cuando se conoció el fallo del TSJEx, antes del cese de la interventora la ejecución presupuestaria se situaba en un 50 por ciento “y el año 2017 se cerró el ejercicio con una ejecución del 80% por ciento”.

La sentencia del TSJEx ya recogía que “la Diputación no expone que se hayan cometido infracciones en el desarrollo del cargo por la interventora, sino que aprecia una serie de circunstancias en su actuación que conlleva la pérdida de la confianza profesional en la que se basó su nombramiento”.