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La administración interviene en el mercado inmobiliario

Viviendas de alquiler desde 125 al mes

La Junta expone al público el proyecto de decreto que regulará la creación de una bolsa de vivienda para alquileres asequibles. Hasta el 29 de agosto se pueden formular alegaciones. Los inmuebles serán para las rentas que no superen los 1.331 al mes

 

Viviendas de alquiler desde 125 al mes -

Guadalupe Moral
23/08/2016

Las familias con ingresos inferiores a los 1.331 euros mensuales podrán alquilar un piso desde 125 euros al mes. Estos son los requisitos que establece el proyecto de decreto que regula la creación de la Bolsa de Vivienda para alquiler asequible que quiere poner en marcha la administración regional previsiblemente antes de que termine el año.

La normativa, aún en proyecto, está actualmente en fase de exposición pública hasta el próximo 29 de agosto (15 días en total) para recibir las alegaciones y sugerencias que cualquier persona estime oportunas antes de ser aprobada definitivamente.

Con esta medida, la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales pretende que la propiedad de la vivienda, aún cuando se halle deshabitada, pueda cumplir una "función social, posibilitando que los niveles de renta más necesitados de protección puedan acceder a un hogar digno". Pero además tiene un segundo objetivo: "intervenir en el mercado de arrendamiento para incrementar los estándares de calidad de las viviendas de alquiler y mejorar las condiciones de los arrendamientos", dice el proyecto.

En su articulado, el decreto fija que las rentas mensuales por el alquiler oscilarán en un mínimo de 125 euros y un máximo de 250, aunque el precio final en cada caso se calculará con referencia a los ingresos acreditados a la fecha de la presentación de la solicitud correspondiente y además será revisado anualmente. No obstante, cuando la vivienda proceda de un propietario particular y no de ninguna empresa o entidad, la renta mensual podría incrementarse hasta los 350 euros. El precio se calculará en función de la superficie útil de la vivienda, pero en ningún caso podrá exceder esa cantidad.

PARTICULARES Y BANCOS Pero antes hay que hacerse con un listado de viviendas a alquilar. Los particulares podrán ofrecer sus propiedades para lo que se creará la Bolsa Privada de Viviendas, pero el objetivo primordial de la administración es, sobre todo, captar las casas deshabitadas que tienen en su poder las entidades financieras y la Sareb --banco malo-- mediante una cesión. Estas se incluirán en la Bolsa Pública de Viviendas.

No podrá beneficiarse de estos módicos alquileres cualquiera. La norma fija que será para aquellos cuyos ingresos familiares ponderados no superen los 1.331 euros mensuales (15.975 euros anuales en 12 pagas o 18.637 en 14 pagas), o lo que es lo mismo no excedan 2,5 veces el valor del IPREM --Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples--. Además, deberán un mínimo de ingresos: 532 euros lo que supone iguales o superiores al IPREM, aunque en caso de "urgente y extrema necesidad" se podrá obviar esta última imposición de una renta mínima si se acredita la situación mediante un informe social de la unidad administrativa competente en materia de adjudicación de viviendas. Aparte del requisito económico, también se exige uno patrimonial para ser beneficiario de esta medida: no ser titular o cotitular, en un porcentaje igual o superior al 50%, del pleno dominio sobre alguna vivienda.

TRAMITES PENDIENTES La normativa, por su parte, no habla de posibilidad de impago ni de la necesidad de fianza. Aún así, todavía está en trámites. Tras cerrarse el plazo de alegaciones, la consejería deberá emitir un informe con todas estas y posteriormente requerirá otros informes preceptivos de diversos organismos como la Abogacía General, la Intervención General, el Sexpe --que debe emitir un informe de impacto de empleo-- y el IMEX --dictará otro estudio del impacto de género--. "Con todos los informes favorables emitidos se dará traslado del proyecto de decreto a la Comisión de Secretarios Generales para su aprobación final en Consejo de Gobierno", explican desde la Dirección General de Arquitectura.

La medida no convence al sector inmobiliario, cree que no es necesaria ni será efectiva. Pero además, supone una intervención directa de la administración en el mercado inmobiliario y "quitará cartera a los profesionales, aunque bien es cierto que la quita será minoritaria puesto que los profesionales trabajan con viviendas de otro nivel o categoría", señala Francisco Marroquín, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Cáceres.

Pero además señala que el decreto tiene lagunas. No regula aspectos como la garantía de cobro de la renta, la fianza, ni a cuenta de quién irán los suministros.