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Las viviendas ilegales campan por la región

Una tesis doctoral detecta cientos de construcciones al margen de la legalidad en suelos no urbanizables. «Es el mayor problema urbanístico de Extremadura», dice el autor, que propone crear una agencia de control

G. MORAL region@extremadura.elperiodico.com CÁCERES
18/02/2018

 

El foco está puesto en Plasencia, pero la realidad que se vive allí se da en muchos otros municipios de Extremadura. Porque prácticamente en toda la región hay viviendas construídas en suelos no urbanizables y que están al margen de la legalidad.

Lo pone de manifiesto un pormenorizado trabajo que un joven geógrafo, Víctor Jiménez, lleva cinco años desarrollando. Sus resultados conforman una tesis doctoral, dirigida por el catedrático de Urbanismo Antonio Campesino, que está en fase de redacción y será defendida en septiembre. Sus primeros resultados ya son concluyentes: la impunidad urbanística campa a sus anchas en la comunidad. «Las viviendas ilegales son el principal problema urbanístico de la región. En las últimas cuatro décadas el mayor desarrollo ha sido en suelo no urbanizable», destaca. Y no es que en un terreno con esta clasificación no se pueda construir, sí se puede, pero cumpliendo los requisitos establecidos en la ley regional y luego en las normas y planes de cada municipio, que en función de si se trata de suelo no urbanizable protegido o común (las dos modalidades), tiene mayores o menores limitaciones.

Sin embargo, la mayoría de los inmuebles detectados en estos espacios (en torno al 95%) no atienden a esas normativas municipales y no cuentan con los pertinentes permisos de construcción. «Hay casos en los que sí se han solicitado y se han denegado pero se ha construido igualmente». «En el conjunto de la comunidad, este tipo de viviendas clandestinas pueden llegar a superar todo el núcleo urbano de Cáceres», explica el geógrafo autor del estudio. «Estamos hablando de que apenas el 2% de todas las viviendas sí cumplen la normativa, según los estudios parciales realizados en varias zonas de la región», prosigue Víctor Jiménez. Y advierte de que también hay construcciones en terrenos protegidos aunque reconoce que cuando hay de por medio una ley ambiental se tiene más cautela que cuando la protección está dictaminada exclusivamente por los técnicos municipales.

¿Por qué se da esta situación? Hay varias razones. Por una parte, destaca el geógrafo, está la falta de cultura urbanística en la sociedad y el desconocimiento que hace que mucha gente considere que en su terreno puede hacer lo que quiera, sin más. Por otro lado, señala a la inacción administrativa que crea sensación de total impunidad. «La gente al final mira para otro lado, hace lo que quiere y además se ahorra dinero y tiempo en trámites, y si el vecino lo hace y no le pasa nada, ¿por qué no lo voy a hacer yo también? Por eso la mayor parte de estas construcciones son clandestinas, en la mayoría de casos ni se molestan en realizar el típico procedimiento para levantar una caseta que luego resulta ser una vivienda, directamente se ponen a construir donde les parece y ya está. Hay un sentimiento de impunidad, un efecto contagio y hay gente que se cree que al pagar impuestos como el IBI su vivienda es legal. Pero no es así, una cosa es estar regularizada catastralmente y otra es urbanísticamente, no es igual», advierte.

Las cifras dan idea del problema. Según el trabajo de Jiménez, hay unas 1.300 casas de campo ilegales en el término de Cáceres, 900 en Villanueva de la Serena, más de 500 en Plasencia, 400 en Malpartida de Plasencia, unas 300 en Navalmoral de la Mata,... y así en todos los municipios extremeños excepto uno, Higuera de Albalat (Cáceres), la única localidad sin construcciones al margen de la legalidad en suelo no urbanizable. «Es curioso, pero tampoco es que allí la gente sea más respetuosa con la norma ni haya más control, sino que se trata de un término muy pequeño, con poca población, un entorno difícil para la construcción de nuevas viviendas,... ». Los principales núcleos urbanos y otras zonas de mayor desarrollo o afluencia, como las comarcas de la Vera o las Vegas Altas, concentran un mayor número de viviendas en esta situación «clandestina», señala.

«Todos lo sabemos o conocemos algún caso pero nadie pone solución y prácticamente no existen datos al respecto». Y ese vacío de información y control es lo que pretende solventar este extenso trabajo académico, que Jiménez está desarrollando con una beca del Ministerio de Educación.

Para sacar a la luz la tesis, el geógrafo ha realizado un minucioso estudio a través de sistemas de información geográfica. «Hemos digitalizado todo el planeamiento de Extremadura determinando el suelo urbanizable y no urbanizable» y han identificado mediante imágenes satélite las construcciones actuales. Estas imágenes las han cruzado con otra serie de ortofotografías de los últimos 40 años y «ahí vemos en qué año apareció una construcción, qué clase de suelo ocupa, si tiene algún tipo de expediente de calificación urbanística que permita construir...», explica Jiménez.

TRABAJO INÉDITO / Con esta extensa base de datos en la mano, inédita, el geógrafo considera que es momento de marcar un punto de inflexión en la región y poner coto a este tipo de viviendas que se han propagado en las últimas cuatro décadas y cuyo crecimiento «es insostenible». Y ahora que se está desarrollando una nueva ley de suelo puede ser buen momento. «Hay que evitar que sigan apareciendo y dar una solución a las que ya están construidas, para las que solo caben dos opciones: el derribo o la legalización, pero no solo modificando la norma sino mejorando los sistemas urbanísticos».

Pero también hace falta control: «llevan décadas sin hacer caso al problema, a pesar de ser evidente y conocido por todos». Para ello plantea la creación de la Agencia de Protección de Legalidad Urbanística, un órgano autonómico que podría traducirse como la policía del territorio, ajeno a la política y en manos exclusivamente de técnicos expertos y que ya existe en Galicia. «La gente sigue construyendo porque no pasa nada, pero en el momento que se actúa el mensaje de que se vela por la disciplina urbanística va calando». La situación más problemática, destaca, se da en las zonas rurales, donde considera que el control es más difícil. «Los ayuntamientos pequeños no tienen capacidad técnica para afrontar el problema y muchas veces las relaciones personales cercanas hacen más complejo enfrentarse a ciertas situaciones».

Jiménez quiere dejar claro que su trabajo no busca tirar todas las viviendas que sean ilegales en Extremadura –«ojalá sean las menos posibles»–, sino salvaguardar el desarrollo territorial sostenible. «Va más allá de la cuestión legal, es una cuestión territorial y demográfica, de delimitar los usos, mejorar los sistemas urbanísticos y dar calidad de vida y seguridad a los propietarios. Por ejemplo, hemos detectado viviendas en un meandro a apenas 25 o 30 metros de un río, ¿qué pasa si se desborda algún día? Esto es un trabajo técnico, independientemente de la situación particular de cada propietario», defiende.

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