La Crónica de Badajoz | Jueves, 24 de enero de 2019

PRÓXIMO JUICIO TRAS SU SUSPENSIÓN, POR UN PRESUNTO FRAUDE DEL IVA MEDIANTE SOCIEDADES RADICADAS EN PORTUGAL

Fiscalía pide 23 años para una acusada de defraudar 6,8 millones a Hacienda

Un entramado usaba facturas falsas de 13 firmas españolas que ignoraban el uso de sus nombres. Solicitan también 6 años de cárcel para la madre como coautora y 14 para un cooperador necesario

F. LEÓN lcb@elperiodico.com BADAJOZ 11/01/2019

La Fiscalía de Badajoz solicita penas que suman 23 años de prisión para la mujer A. M. F., de nacionalidad portuguesa, como supuesta autora, con la colaboración de otras dos personas, de los delitos de defraudación tributaria a la Hacienda española, continuado de falsedad documental y blanqueo de capitales, por defraudar 6.805.875,31 euros entre 2005 y 2011, presentando para ello facturas falsas.

Según las conclusiones provisionales presentadas por el Ministerio Público para el juicio por esta causa, suspendido y pendiente de fecha, también están acusados M. E. F. madre de la anterior, como coautora en el blanqueo de capitales, para quien se solicitan 6 años de cárcel; y A. P. U, asesor fiscal, como cooperador necesario en los delitos de defraudación a la Hacienda estatal, y para quien piden 14 años.

Los tres constituyeron, según la Fiscalía, «un entramado encabezado por A. M. F.», quien a través de tres sociedades mercantiles radicadas en Portugal, «en las que operaba como única administradora de hecho», solicitó y obtuvo «mendazmente» de la Hacienda estatal española devoluciones «por IVA soportado por sujetos no establecidos en territorio nacional» en el periódico y por la cantidad antes señalados.

Así, «generó facturas falsas por adquisiciones o supuestos servicios prestados en España por sus empresas, en las que figuraban como destinatarias alguna de aquéllas tres y utilizando membretes y nombres comerciales de hasta 13 empresas españolas --la mayoría del sector de alimentación y productos cárnicos--». Se da la circunstancia de que «ninguna de las sociedades españolas reconoce la emisión y los conceptos de dichas facturas», según el Ministerio Fiscal.

CANTIDADES POR EJERCICIO / Las cantidades así obtenidas, por ejercicios fiscales, son: 147.705,62 en 2005; además de 760.029,39 en 2006; fueron 1.441.620,00 en e 2007; además de 1.635.980,80 en 2008; de 1.627.501,60 en 2009; de 1.041.143,10 en el 2010; y también 151.894,80 en el 2011, siendo el total de 6.805.875,31 euros, según datos del fiscal.

Así mismo, en 2011 se presentaron solicitudes de devolución de IVA a empresarios no establecidos en territorio nacional, por importe de otros 663.523,20 euros, pero la Agencia Tributaria, en esta ocasión no ordenó las «ilícitas devoluciones merced a las investigaciones de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), de la Fiscalía y del juzgado».

PROCEDIMIENTO / Explica el fiscal que, aunque la norma que regía la devolución del IVA a empresarios no radicados en territorio de aplicación de dicho impuesto exime a los sujetos pasivos establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea --como las empresas de la acusada-- de la obligación de nombrar un representante con domicilio en España, para la tramitación de «dichas mendaces solicitudes y devoluciones», lo cierto es que A. M. F. «contó con la cooperación de la empresa ‘N… SL’, radicada en Vitoria-Gastéiz y especializada en este tipo de gestiones tributarias», dirigida entonces por A. P. U., que «logró comisiones por 533.735,60 euros».

Así, tramitó a través de ‘N…SL’, en dicho periodo, 17 expedientes de devolución a nombre de ‘AML.. L’ por 2.428.684,61 euros; 21 a favor de ‘I… L.’ por 2.499.321,10; y 20 más para ‘E… L.’ por 2.541.392,80. Estas cantidades las ingresó, realmente, en dos cuentas de A. M. F.

CHALET, PISO Y COCHE / Además, buena parte del dinero lo empleó A. M. F. en obras de arte, mobiliario y un lujoso chalet en Torres Vedras. Para ocultar el «ilícito origen puso, -con conocimiento y consentimiento de ésta-, a nombre de su madre, M. E. F.», que colaboró, según el fiscal, «en la ocultación y transmisión de las cantidades defraudadas». Y desde la cuenta conjunta (en una sucursal española de Deustche Bank), «se detrajeron fondos para un piso en avenida de Juan Pereda Pila, en Badajoz, a nombre de M. E. F., y para un vehículo de alta gama», bienes que están intervenidos judicialmente.

DELITOS Y PENAS / A la acusada A. M. F., que permaneció en prisión provisional por esta causa desde el 3 de diciembre del 2011 hasta el 2 de diciembre de 2013, la Fiscalía le imputa siete delitos contra la Hacienda Pública estatal, por defraudación tributaria, un delito continuado de falsedad documental y otro delito continuado de blanqueo de capitales. Ello, sin que «se aprecien circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal en la conducta de los acusados».

En cuanto a las penas, el Ministerio Público solicita 2 años de prisión por cada delito de defraudación a Hacienda, y multa del triple de la cantidad defraudada, con aplicación en caso de impago de la responsabilidad personal subsidiaria que proceda, y privación del derecho a obtener subvenciones, beneficios fiscales o de la Seguridad Social por 5 años. Por el de falsedad documental, 3 años, y por el continuado de blanqueo de capitales, 6 más, hasta sumar 23.

Para M. E. F., madre de la anterior, por un delito continuado de blanqueo de capitales, como coautora, 6 años de prisión, con multa y privación de derechos como su hija.

Y para A. P. U. a quien el fiscal le imputa siete delitos contra la Hacienda pública estatal (defraudación tributaria), 2 años de prisión por cada uno --hacen 14--, además de una multa del triplo del valor de lo defraudado, con imposición en caso de impago de la responsabilidad personal subsidiaria que legalmente proceda; privación del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o de incentivos fiscales o de la Seguridad Social por tiempo de 5 años, como a las dos anteriores; e inhabilitación especial para el ejercicio de la actividad de asesoría fiscal o tributaria y para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. En cuanto a la responsabilidad civil, la petición es indemnizar a Hacienda, conjuntamente, con 6,8 millones e intereses de demora.

Por otro lado, cabe que las defensas y la acusación lleguen a un acuerdo antes del juicio.