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crisis en el gigante sudamericano

Brasil oscila entre el desastre sanitario y el escándalo político

El país se ha convertido en el segundo a nivel mundial con más infectados por covid-19. Se conoce un vídeo en el que Bolsonaro dexpresa su deseo de controlar la policía para proteger a sus hijos

 

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. - DPA

ABEL GILBERT
23/05/2020

Brasil es el segundo país del mundo con mayores infectados por coronavirus: 326.448. El gigante sudamericano supera por unos cinco mil casos a Rusia. Con las 1001 muertes de este viernes, la cantidad de decesos es de 21.048. A pesar de la dureza de las cifras y el temor que suscita el futuro inmediato, los brasileños dejaron de lado por unas horas la crisis sanitaria para concentrarse en la política, de inquietantes derivaciones. Unas palabras impronunciables del presidente Jair Bolsonaro frente a sus ministros tomaron finalmente estado público por decisión de un juez del Supremo Tribunal Federal (STF). "Intenté cambiar oficialmente a la gente de nuestra seguridad en Río de Janeiro y no pude. Se acabó. No voy a esperar a que molesten a toda mi familia, o a mi amigo, porque no puedo cambiar a alguien (…). Lo voy a cambiar. Si no puedo, cambio a su jefe; si no puedo cambiar al jefe, cambio al ministro. Y punto final", bramó.

Después de ese encuentro, el ministro estrella del Gobierno de ultraderecha, Sergio Moro, abandonó la cartera de Justicia denunciando la interferencia de Bolsonaro en las actividades de una Policía Federal (PF) que estaba detrás de actos ilegales de sus hijos. En esa reunión del 22 de abril, Bolsonaro dijo además que tenía un sistema de información privado que administran integrantes de la Agencia de Inteligencia de Brasil (Abin).

Parte de esas declaraciones ya se conocían a través de la prensa escrita y suscitaron más de un pedido de juicio político contra el mandatario. El vídeo coloca ahora al capitán retirado en una situación más delicada de la que estaba horas antes porque se ha convertido en elemento probatorio de la investigación que realiza la máxima instancia judicial sobre la denuncia hecha por el propio Moro, a quien Bolsonaro bautizó Judas.

Amenazas a jueces y gobernadores

Durante esa cita ministerial, supuestamente convocada para tratar la crisis sanitaria, también se escucharon amenazas contra integrantes del Supremo. El controvertido ministro de Educación, Abraham Weintraub, los calificó de "vagabundos" . De estar en sus manos, dijo, los enviaría a la cárcel. Un pedido de esa naturaleza ya se ha expresado en dos manifestaciones realizadas en Brasilia por los sectores más duros del bolsonarismo y con la presencia del propio jefe de Estado, burlando los rigores de la cuarentena. Durante esas marchas se ha demandado además el cierre del Congreso y una intervención política más decidida de las Fuerzas Armadas, lo que ha sido interpretado como un llamamiento golpista

Por su parte, Damares Alves, la ministra de Derechos Humanos, Mujer y Familia, autora de un libro en el que relata su encuentro con Jesucristo frente a un árbol de guayaba, consideró en el marco de esa reunión que los que deberían estar entre rejas son "los gobernadores y alcaldes" por haber decretado medidas de aislamiento contra la voluntad de Bolsonaro. El capitán retirado no se privó tampoco de insultarlos frente a sus ministros.

El teléfono de Bolsonaro

El ministro del STF, Celso de Mello, remitió al Fiscal General de la República, Augusto Aras, una solicitud hecha por parlamentarios de la oposición para confiscar el celular de Bolsonaro en el marco del caso Moro. El presidente aseguro que "nunca"lo entregaría. "Se estaría creando una crisis institucional. ¿A cambio de qué? ¿Cuál es el siguiente paso, intentarlo y decir que ya no soy presidente? ¿Alguien piensa que soy una rata para entregar mi teléfono en una situación como esta? Por el amor de Dios, somos tres poderes independientes y ese es el final, cada uno tiene que conocer su límite", advirtió.

Por su parte, el ministro de la Oficina de Seguridad Institucional (GSI), el general Augusto Heleno, aseguró que un intento de confiscación del teléfono de  Bolsonaro sería "una afrenta a la máxima autoridad del Poder Ejecutivo y una interferencia inaceptable de otro Poder" que "podría tener consecuencias impredecibles".