+
Accede a tu cuenta

 

O accede con tus datos de Usuario La Crónica de Badajoz:

Recordarme

Puedes recuperar tu contraseña o registrarte

 
 
 

LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

Bruselas pide multas contra España por el registro de datos de pasajeros aéreos

La Comisión Europea denuncia al Estado español ante el Tribunal de Justicia de la UE por no trasponer la normativa europea

 

Varios pasajeros llegan al Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, el 23 de mayo. -

SILVIA MARTINEZ
02/07/2020

Los atentados de París y Bruselas llevaron a la Unión Europea a adoptar diversas medidas para controlar y prevenir la entrada y salida de potenciales terroristas en la Unión Europea, entre ellas un registro de datos de pasajeros aéreos (conocido como PNR), aprobado en abril del 2016 y que debería haber estado traspuesto en mayo del 2018 como muy tarde. Más de dos años después, sin embargo, España es el único país de la Unión Europea que no ha notificado la incorporación de esta directiva a su normativa nacional y la Comisión Europea se ha cansado de esperar. Las autoridades comunitarias han anunciado que denuncian a España ante el Tribunal de Justicia de la UE y que pedirán la imposición de sanciones financieras.

La directiva establece las normas que regulan la transferencia de datos del registro de nombres de los pasajeros -la información que estos facilitan a las aerolíneas al reservar los vuelos y facturar- de las compañías aéreas a los países de la UE así como el tratamiento de la información por parte de los Estados miembros "exclusivamente" para aplicar la ley. Se trata de una herramienta "esencial", a juicio de Bruselas, para luchar contra el terrorismo y los delitos graves ya que "ayuda a detectar pautas de viaje sospechosas y a identificar posibles delincuentes y terroristas, incluidos los que antes eran desconocidos para las autoridades policiales y judiciales".

República checa y Austria

Tras constatar que España no había traspuesto la normativa, la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción en julio del 2018. Más de dos años después, las autoridades españolas todavía no han notificado la adopción "de todas las medidas necesarias". Algo que finalmente sí han hecho la República checa y Austria, que también estaban en el foco y que se libran finalmente del expediente y de la denuncia ante la alta corte europea.

En el caso español, sin embargo, la conclusión es que "ha incumplido sus obligaciones" lo que permite a Bruselas pedir a la Corte de justicia europea la imposición de sanciones financieras. Una parte a tanto alzado, para castigar la infracción, y una multa coercitiva diaria una vez dictada la sentencia para sancionar la continuación de la infracción. Según ha explicado Bruselas en un comunicado, se calcularán en función de la gravedad de la infracción, la duración así como el PIB español y el número de eurodiputados.