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Bruselas presenta el primer presupuesto europeo sin el Reino Unido

Aumentará el gasto en inmigración y defensa y un mecanismo vinculará las ayudas al cumplimiento del Estado de derecho. El presidente Jean-Claude Juncker explicará esta tarde ante el Parlamento Europeo las nuevas cuentas para 2021-2027


02/05/2018

 

La última negociación presupuestaria en la Unión Europea se prolongó veinte meses debido al tira y afloja habitual entre los gobiernos europeos. Ahora la Comisión Europea aspira a tener listo el nuevo presupuesto comunitario, que cubrirá el período 2021-2027, en un plazo máximo de un año, antes de las elecciones al Parlamento Europeo que tendrán lugar en mayo de 2019. Una tarea “imposible” para muchos y no solo por el estrecho margen sino porque la salida del Reino Unido dejará un agujero en los ingresos de entre 12.000 y 14.000 millones de euros que Bruselas propone cuadrar con algunas ideas nuevas: recortando políticas clave hasta ahora y vinculando el gasto al cumplimiento del Estado de derecho.

 

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, tiene previsto acudir esta tarde al Parlamento Europeo –a partir de la 1 del mediodía- a presentar personalmente las líneas maestras de las nuevas cuentas que aprobará este mediodía el colegio de comisarios. Un presupuesto, desglosados en siete capítulos, que estará entorno al 1,11% del PIB europeo en créditos de compromiso y que la institución define como “realista” y "equibrado" para hacer frente a los nuevos retos en seguridad, defensa o política migratoria y, sobre todo, contentar a los países que ven la ecuación radicalmente distinta, especialmente aquellos liderados por Holanda que defienden un presupuesto más pequeño y una rebaja en su aportación tras el brexit.

 

Más para control de fronteras, menos para agricultura
Si se confirman las cifras filtradas hasta el momento, la política migratoria y el control de las fronteras serán uno de los capítulos que más notarán el cambio de prioridades. Es la respuesta a las crisis constantes que ha sufrido la UE. Bruselas propondrá multiplicar al menos por cinco la plantilla de la guarda europea de fronteras (Frontex), que en 2016 contaba con 400 funcionarios y en dos años superará ya el millar, y elevar el presupuesto de la inmigración y la gestión de las fronteras hasta los 35.000 millones de euros.

 

Otros capítulos a los que Bruselas propone dar un empujón serán la defensa y seguridad con más de 27.000 millones en conjunto para el período de siete años, a también la investigación así como al Erasmus +, unos de los programas estrella de la Comisión para luchar contra el populismo entre los jóvenes y transmitir los beneficios de la pertenencia al club y que podría ver duplicados sus fondos. Además, se mantendrían los fondos intactos capítulos como las infraestructuras y el transporte.

Para equilibrar el nuevo escenario, el Ejecutivo comunitario planteará recortes en agricultura y cohesión. Según avanzó hace unas semanas el comisario de presupuestos, Gunter Oettinger, el tijeretazo en la agricultura será de entorno el 6%, similar al que registrarán ayudas regionales (enmarcadas en el capítulo bautizado como cohesión y valores), lo que reducirá el peso de estas dos partidas al 60% frente al 70% actual. El producto interior bruto seguirá siendo el criterio principal en el reparto de ayudas regionales pero, a la espera de conocer los detalles finales, Bruselas quiere dar más peso a elementos como el desempleo y que una parte de los fondos estructurales vaya a la integración de los inmigrantes lo que podría penalizar a aquellos que rechazan la política migratoria de la UE como Polonia o Hungría.

 

Reparto condicionado al Estado de derecho
La principal novedad en la nueva propuesta y que más controversia generará cuando llegue a la mesa de los gobiernos será sin duda alguna el mecanismo que el Ejecutivo comunitario plantea para vincular los pagos al cumplimiento del Estado de derecho. Por ejemplo, la UE podrá congelar los fondos europeos si consideran que un Estado miembro ha puesto en riesgo el sistema judicial. Bruselas no menciona en su propuesta a ningún país en concreto. Pero, tras los desafíos de los últimos meses protagonizados por algunos países del este, que han abierto una profunda brecha con algunos gobiernos, es evidente que en el punto de mira están países como Polonia o Hungría.

 

La Comisión quiere que una recomendación suya –que posteriormente sea validada por el Consejo aunque no por unanimidad- baste para activar el mecanismo. Varsovia ya ha dicho que jamás aceptará que un instrumento como este se utilice como presión política lo que augura una larga y complicada batalla dado que el aprobado final requiere del aprobado unánime de los Estados miembros y del Parlamento Europeo.