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Reivindicaciones sociales

El conflicto por las pensiones se enquista en Francia

Macron no cede en su polémica reforma tras un mes de huelga y movilizaciones en las calles. El Gobierno retoma la negociación con los agentes sociales este martes

 

Manifestación en París contra la reforma de las pensiones. - EFE EPA / IAN LANGSDON

IRENE CASADO
06/01/2020

El pasado 31 de diciembre, durante el tradicional discurso de Fin de Año, Emmanuel Macron reafirmó su "determinación de llevar a cabo la reforma de las pensiones". Tal declaración de intenciones coincidía con la 27 jornada de huelga contra el polémico proyecto. Mientras los sindicatos y huelguistas esperaban que el presidente francés entonara el mea culpa y anunciara nuevas concesiones, Macron aprovechó su alocución para reivindicar un plan que considera "de justicia y de progreso social". Lejos de apaciguar los ánimos, el discurso presidencial solo consiguió arrojar más leña al fuego: la huelga interprofesional ha cumplido más de un mes y los sindicatos prometen una nueva jornada de movilización el próximo jueves, 9 de enero.

Convertir la reforma del sistema de pensiones en el objetivo principal del quinquenio es una apuesta arriesgada. El último presidente que intentó modificar el complejo sistema de retribuciones para los jubilados fue Jacques Chirac en 1995. Después de tres semanas de huelgas y paros en el sector del transporte, su Gobierno, bajo la batuta de Alain Juppé, terminó cediendo ante la contestación popular y retiró el proyecto. Lejos de amedrentarse frente a las lecciones del pasado, Macron no está dispuesto a claudicar ante la presión y movilización ciudadana, incluso si esta bate ya récords: el jueves 2 de enero, tras 29 días de huelga, la empresa nacional de transporte ferroviario (SNCF) rompía el récord de 1986/1987, cuando la compañía registró 28 jornadas de paros para exigir mejores condiciones salariales y laborales.

MOVILIZACIÓN CONSTANTE

El 5 de diciembre, cuando aún se desconocían los detalles de la reforma, más de 800.000 personas según las cifras del Ministerio del Interior- salieron a las calles en toda Francia para mostrar su rechazo al proyecto. La segunda jornada de movilización tuvo lugar el 10 de diciembre, congregando a 339.000 ciudadanos; la tercera, celebrada el 17 de diciembre y con los pormenores de la reforma sobre la mesa, reunió a 615.000 manifestantes, una cita respaldada por la totalidad de los sindicatos franceses. Para Macron, esta movilización no sería más que la encarnación de simples "temores e inquietudes que están surgiendo" en torno a su proyecto estrella.

Así, el presidente francés no parece dispuesto a retractarse del principio de régimen universal que vertebra su reforma -con el objetivo de armonizar el sistema de pensiones suprimiendo los 42 regímenes especiales que existen actualmente-; ni de la necesidad de garantizar su equilibrio -a través del aumento de la edad de jubilación a los 64 años-. Persuadido de llevar a buen puerto su proyecto, Macron instó al Gobierno de Édouard Philippe "a encontrar el camino para alcanzar un rápido compromiso en el respeto de estos principios con los sindicatos y las organizaciones patronales que lo deseen".

Aunque nadie parece dispuesto a ceder, las cosas se mueven y proliferan las iniciativas para buscar un terreno de entendimiento. Este martes, el Ejecutivo reanuda las negociaciones con los agentes sociales tras la pausa navideña con la urgencia de desencallar el conflicto y el ministro de Economía, Bruno Le Maire, se ha mostrado optimista sobre la posibilidad de lograr un acuerdo con los sindicatos reformistas encabezados por la CFDT.

De hecho, el Gobierno ve con interés la propuesta de su secretario general, Laurent Berger, de eliminar el capítulo financiero de la reforma -la CFDT es abiertamente hostil a situar la edad de la jubilación en los 64 años para equilibrar el sistema- y negociar en una conferencia específica la financiación de las pensiones.

REIVINDICACIONES

Desde el inicio de la movilización y tras varios encuentros con sindicatos y patronales, el Gobierno ha aceptado ciertas concesiones: el aplazamiento de la entrada de los trabajadores ferroviarios al nuevo sistema; la continuidad del fondo autónomo de pensiones complementario de azafatas y auxiliares de vuelo; la revalorización de los sueldos de los profesores; entre el 20% y el 30% de los enfermeros y auxiliares de enfermería podrán jubilarse a los 62 años; gendarmes, bomberos, guardias penitenciarios y controladores aéreos podrán retirarse de manera anticipada a los 57 años, incluso a los 52, dado que su empleo es considerado como "funciones peligrosas".

No obstante, estas concesiones no han conseguido poner fin a la contestación popular. El secretario general de la CGT, Philippe Martinez, y el número uno de Force Ouvrière (FO), Yves Veyrier, continúan reclamando la retirada total del proyecto; el secretario general de Unsa-Ferroviaire, reconoce ciertos "avances" en la negociaciones con el Ejecutivo pero señala que "aún quedad cosas que ganar".

APOYO SOCIAL

Los paros continúan afectando significativamente al transporte público, especialmente en París donde la mayoría de las líneas de metro funcionan parcialmente y solo en horas punta desde el pasado 5 de diciembre. Viajar en tren también es complicado, dado que buena parte de los trenes son suprimidos a diario. A pesar de los efectos colaterales de los paros y de que no hubo tregua en Navidades, la opinión pública continúa siendo favorable a la movilización: el 31% de los franceses apoyan el movimiento y el 20% simpatizan con la protesta, según un sondeo publicado por 'Le Journal du dimanche' el pasado 21 de diciembre.

Cifras que parecen no preocupar a Macron: "Quiero asegurar que no cederé al pesimismo ni a la inmovilidad", insistió durante su alocución el pasado 31 de diciembre. Así, según las palabras del propio jefe de Estado, la reforma de las pensiones se "completará", a pesar de los "cambios que puedan producirse () y de las decisiones que () a veces pueden chocar, despertar temores y oposición". Ni la movilización, ni los paros, ni la opinión pública, han conseguido, por ahora, perturbar la agenda del Gobierno: el próximo 22 de enero el proyecto de ley será presentado en el Consejo de Ministros y, si todo sigue su curso, será examinado por el Parlamento a finales del próximo mes de febrero.