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CONTROL DE FRONTERAS

Los extranjeros que quieran entrar en la UE habrán de pedir un permiso previo

Los Veintiocho dan luz verde al pacto político que permitirá controlar quien entra en el espacio Schengen

EL PERIÓDICO
25/04/2018

 

Los nacionales de terceros países exentos de visado tendrán que cumplir en el futuro un nuevo requisito si quieren poner un pie en cualquier país del espacio Schengen: solicitar una autorización previa de entrada y pagar una tasa de 7 euros. Los Veintiocho han dado vía libre este miércoles al acuerdo político cerrado con la Eurocámara, que permitirá a las autoridades europeas saber de antemano quien quiere entrar en el espacio de libre circulación y detectar posibles sospechosos.

El sistema, que estará plenamente operativo a partir del 2021 y que imita al ESTA estadounidense, supone un paso más en el blindaje de las fronteras exteriores de la UE. “Saber qué personas se dirigen a la UE antes incluso de que lleguen a la frontera nos permitirá estar en mejores condiciones de detener a aquellas que puedan plantear una amenaza para nuestros ciudadanos”, ha valorado el ministro de interior búlgaro, Valentin Radev, cuyo país ocupa la presidencia semestral del club.

Los extranjeros que quieran entrar en el espacio Schengen tendrán que rellenar una solicitud en internet en la que deberán incluir datos personales como el nombre y apellidos o el número de pasaporte así como informar de si han estado en zonas de conflicto o han sido condenados. El mecanismo (denominado ETIAS en inglés) permitirá a los gobiernos realizar controles anticipados e incluso denegar la solicitud.

 

Bases de datos
Las autoridades tendrán que contrastar los datos con todas las bases europeas y otras como la de Interpol y determinar así si existen o no motivos para rechazar una petición. Si no saltan las alarmas la autorización se expedirá automáticamente. Si se detecta algún problema tendrán que tratar la petición de forma manual. El plazo de respuesta será en general de 96 horas.

Antes de que la persona embarque, las aerolíneas y navieras tendrán la obligación de verificar que los nacionales de terceros países sujetos a una autorización de viaje válida están en posesión de ella. Las empresas de transporte por carretera se beneficiarán de un período extra de tres años. La autorización de viaje será válida durante tres años y la decisión final de la entrada estará en manos de la guardia de fronteras.