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Israel deporta a una activista española por pertenecer al BDS

El movimiento al que pertenece la cooperante considera que la expulsión "lo único que hace es criminalizar a las personas defensoras de los derechos humanos"

EL PERIÓDICO
25/07/2018

 

Israel deportó hoy a la activista española Ana Sánchez, a la que ayer impidió la entrada al país por pertenecer al movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones contra Israel (BDS), confirmó una portavoz del Ministerio de Interior israelí. El vuelo de Sánchez despegó del aeropuerto internacional Ben Gurión, en la ciudad de Lod, hoy a las 4:05 (1:05 GMT), donde ayer fue retenida por las autoridades israelíes.

El ministro de Interior israelí, Aryeh Deri, vetó ayer el paso a la cooperante española "siguiendo una recomendación del ministro de Asuntos Estratégicos y Diplomacia Pública, Guilad Erdán" por ser "miembro sénior del Comité Nacional del BDS en España y directora de las campañas internacionales de la organización".

Sánchez, miembro de la Red de Solidaridad Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), acompañaba a una delegación de nueve representantes públicos españoles de ayuntamientos y parlamentos autonómicos que llegó ayer de visita a Palestina para estrechar los "lazos de solidaridad con el pueblo palestino en Cisjordania".

"Se trata de una expulsión que lo único que hace es criminalizar a las personas defensoras de los derechos humanos y minar la libertad de expresión", expresó el grupo de representantes españoles en un comunicado.

Los cargos públicos que viajaban con Sánchez eran, entre otros, el tercer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens, las diputadas de la Asamblea de Madrid, Isa Serra y Elena Sevillano, la diputada del Parlamento de Cataluña, Susanna Segovia, la concejala del Ayuntamiento de Valencia, Neus Fábregas, o el concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Híjar.

De acuerdo a la ley local, las autoridades pueden no expedir visados ni permisos de residencias a los extranjeros implicados en acciones de boicot, aunque se contempla la posibilidad de que el Ministerio de Interior revise cada situación y autorice el acceso en casos particulares.