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decisión judicial

La justicia española pide 150 años para un excoronel por la matanza de jesuitas en El Salvador

Inocente Montano será el primer militar salvadoremo que responderá ante la Audiencia Nacional por el asesinato de cinco religiosos, entre ellos el vizcaíno Ignacio Ellacuría, y otras tres personas en 1989

EFE
10/05/2019

 

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 150 años de cárcel para el excoronel y exviceministro de Defensa salvadoreño Inocente Montano, entregado en 2017 a España por Estados Unidos, por participar "activamente en la decisión y el diseño" del asesinato de cinco jesuitas españoles en 1989. El excoronel, reclamado por la Audiencia Nacional desde 2011, será el primer militar salvadoreño que responderá ante la Justicia española por el asesinato de estos cinco jesuitas, entre ellos el vizcaíno Ignacio Ellacuría, entonces rector de la Universidad Centroamericana (UCA) e ideólogo de la Teología de la Liberación.

En su escrito de calificación, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía también acusa a René Yusshy Mendoza Vallecillos, quien fuera teniente del ejército de la República de El Salvador y destinado en la escuela militar Capitón General Gerardo Barrios y miembro del batallón Atlácatl, ejecutor de los asesinatos. Para este acusado no obstante la Fiscalía solo pide una pena de un año por cada uno de los cinco asesinatos, al aplicarle la eximente incompleta de miedo insuperable y dos atenuantes por confesión y por haberse ofrecido a reparar el daño, en correspondencia a su "muy" activa colaboración con la Justicia.

Ambos, según el escrito de acusación, "participaron en la decisión, diseño o ejecución" del asesinato, el 16 de noviembre de 1989, de los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo, así como de los salvadoreños Joaquín López (sacerdote), la empleada doméstica de la Universidad Julia Elba y su hija menor Celina Mariceth Ramos.

"Los procesados, junto con terceras personas no investigadas en el presente procedimiento, constituyeron dentro del Estado de El Salvador, una estructura paralela, al margen de la legalidad, que alteró gravemente la paz pública, provocando un estado de terror en la población a través de ejecuciones de civiles, desapariciones forzadas...", destaca la Fiscalía.

PANORAMA POLÍTICO

Según su relato, el año 1989, cuando se produjo el crimen, "fue el punto clave de la década de guerra civil en El Salvador" al alterar los resultados de las elecciones "de forma irrevocable el panorama político del país". "La competencia entre los partidos de la derecha (Partido Republicano Nacional Arena) y del centro-derecha (Partido Demócrata Cristiano) se libraba con el telón de fondo de una intensificación de la actividad militar por ambas partes".

Todo ello, coincidiendo con la subida al poder militar de la "Tandona", "una promoción de la escuela Militar de El Salvador, y asociación de 20 oficiales que ocupaban todas las posiciones claves del ejército y gobierno salvadoreños".

Por otro lado, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) había pasado de ser un pequeño grupo de guerrillas apenas armadas a uno de los movimientos rebeldes de izquierdas. En este marco, "los jesuitas, especialmente Ignacio Ellacuría, habían asumido el liderazgo" para negociar una salida dialogada al conflicto armado. "Ellacuría, al que ya se conocía por haber actuado como mediador experimentado en la liberación de la hija de un ex presidente a la que habían secuestrado, era el único intermediario que hablaba con todas las partes: desde el FMLN pasando por Arena hasta la embajada de EEUU. Actuaba de puente entre el presidente Cristian y los rebeldes".

Esto les convirtió en "objetivo de los militantes de la extrema derecha; hecho que evidencian los aproximadamente 250 incidentes de amenazas, atentados, expulsiones y asesinatos que se llevaron a cabo en el Salvador culpando a la Iglesia" de formar parte "de una conspiración comunista internacional al servicio del Kremlin". "Como algunos de sus estudiantes habían sido esenciales en el nacimiento de la rebelión armada, a los jesuitas se les consideraba responsables del surgimiento de la disidencia", explica la Fiscalía.

ÓRDENES DE EXTRADICIÓN

De hecho, a Ellacuría se le acusó en repetidas ocasiones de ser "uno de los principales consejeros y estrategas del FMLN". Había sido amenazado con pintadas en su coche. En este contexto, el 15 de noviembre, "el Alto Mando y otros líderes militares veteranos, la mayoría de los cuales pertenecían a la Tandona" decidieron proceder con las ejecuciones de los jesuitas. "La orden directa del coronel Guillermo Benavides -único condenado en El Salvador por estos hechos- fue el resultado de este proceso de toma de decisiones en el que se implicaron varias instituciones del ejército".

La Audiencia Nacional procesó a una veintena de exmilitares, pero las autoridades salvadoreñas ignoraron las órdenes de extradición, por lo que hasta ahora Montano es el único que ha sido puesto a disposición de la Justicia española.

El ya septuagenario Montano, que compareció ante el juez en España en silla de ruedas, permaneció dos años detenido en EEUU hasta su entrega el 29 de noviembre de 2017 y desde entonces se encuentra en prisión a la espera de juicio, cuya fecha aún no ha sido señalada.

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