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PROBLEMA MEDIOAMBIENTAL

Un lucrativo negocio ligado a nombres importantes de la oficialidad rusa

Los abogados de las víctimas dudan de la justicia rusa y afirman que acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos

MARC MARGINEDAS
28/04/2018

 

El tratamiento de basuras es un negocio fácil y lucrativo en Rusia, un país donde el reciclaje de detritos simplemente no existe.  Un camión vierte en Yádrovo entre 30 y 60 metros cúbicos de basuras. Los activistas calculan que diariamente, entran en el polígono dos centenares de vehículos. Si se multiplica esta cifra por 45, que es la media de metros cúbicos que llegan a bordo de cada uno, y por 200 rublos, el precio que ingresa el polígono por la carga, se obtiene la cifra de 1,8 millones rublos al día. Multiplicado por 365 días que tiene el año, los ingresos totales de Yádrovo equivalen a 657 millones de rublos, o lo que es lo mismo, 9,3 millones de euros.  

El accionariado de la empresa se lo reparte, en un 25%, la administración local del distrito, y en un 75% accionistas provados, entre los que salen a relucir apellidos de algunas familias prominentes pertenecientes a la élite como los Voloshin. Aleksándr Voloshin ocupó el cargo de presidente de la Administración Presidencial durante los primeros años de la presidencia de Vladímir Putin.

Recientemente, el diario Védomosti informó de que OOO Charter, una empresa liderada por Ígor Chaika, el hijo menor del fiscal general del Estado, Yuri Chaika, había obtenido un lucrativo contrato por valor de 34.900 millones de rublos, es decir, 471 millones de euros para gestionar la basura  en el área de Noginsk, en este caso en el este de la capital. Algunas investigaciones realizadas por el bloguero Alekséi Navalni han lanzado graves acusaciones de corrupción contra Chaika padre. 

ACCIONES ANTE LA JUSTICIA RUSA

Estas importantes ganancias dificultan las acciones que han emprendido las asociaciones de los afectados ante la justicia rusa. El abogado Ilyá Lapkin defiende a los activistas de Volokolamsk y asegura que está dispuesto a luchar hasta el final. "Acudiremos a todas las instancias judiciales, si no obtenemos respuesta a nuestras demandas, nos dirgiremos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos", advierte.

Su caso, sin embargo, no parece tener buenas perspectivas. Circula ya el rumor que, como mucho, el juez que examinará el caso en primera instancia interpondrá una multa al polígono. "Será una cifra como mucho de 15 millones de rublos (unos 200.000 euros)", adelanta Chepkánov. "Si la comparamos con las ganancias que obtienen anualmente, está claro que ello no les va a disuadir de seguir trayéndonos la basura", continua.

El recurso a la justicia europea también puede caer en saco roto. Desde diciembre del 2015 está vigente una ley en Rusia que prioriza la legislación rusa sobre las leyes internacionales de derechos humanos y que permite a Moscú ignorar una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo si la Corte Constitucional rusa falla que viola la Carta Magna del país.

Por su parte, el Kremlin mantiene un significativo silencio a la hora de valorar las protestas de Volokolamsk. "Estamos en contacto constante con las autoridades locales y con el Gobierno acerca de este tema", declaró el portavoz presidencial, Dmitri Peskov, a finales de marzo.