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Calzadilla de los barros 3 no atiende el recurso del psoe

La Audiencia archiva el caso contra Antonio Galván por fraude electoral

Para el tribunal existen «tantas dudas como escasos indicios al respecto». La sospecha es «insuficiente para tramitar un proceso penal», señala

REDACCIÓN prov-badajoz@extremadura.elperiodico.com BADAJOZ
08/03/2019

 

La sección primera de la Audiencia Provincial de Badajoz ha archivado definitivamente la causa abierta contra el alcalde de Calzadilla de los Barros, Antonio Galván, por supuesto delito electoral. Según el auto judicial publicado el pasado mes de febrero (el cual ha trascendido ahora), la Audiencia Provincial no encuentra pruebas del empadronamiento ilegal del que era acusado Antonio Galván y varios de sus concejales del PP. El PSOE interpuso una demanda (ahora archivada) en 2011 donde acusaba al regidor popular de haber empadronado ilegalmente a 63 vecinos en el municipio con el objeto de modificar el resultado de las elecciones en beneficio propio, obteniendo 4 concejales el PP frente a los 3 conseguidos por el PSOE y haciéndose así con la alcaldía.

La Audiencia señala en su auto que «a través de las numerosas diligencias de instrucción practicadas no consta, en primer lugar, que los empadronamientos supuestamente irregulares hayan sido forzados o sean fruto de la coacción, sino que fueron enteramente voluntarios a la vista de las declaraciones que constan en autos, y, en segundo lugar, respecto de las supuestas irregularidades en dichos empadronamientos, la resolución de la delegación provincial de la oficina del censo electoral de Badajoz de fecha 13 de abril de 2011 se pronunció en el sentido de que no existían tales».

Asimismo, la sala señala que «tampoco consta que tales empadronamientos, aun cuando fueran irregulares, fueron decisivos o determinantes del resultado electoral pues, como es lógico, no se sabe el sentido del voto de cada uno de los electores». Para el tribunal, existen, en consecuencia, «tantas dudas como escasos indicios al respecto». Todo lo más, una sospecha, «insuficiente para tramitar un proceso penal». Y, desde luego, «no existe dato alguno sobre un posible delito de prevaricación administrativa en relación a tales empadronamientos».

Los antecedentes / Para abordar este asunto hay que remontarse al año 2011 por la denuncia presentada por el PSOE por un presunto empadronamiento irregular realizado por el alcalde de Calzadilla de los Barros, varios de sus concejales y funcionarios municipales de la localidad. El 13 de abril del 2011 la Oficina del Censo Electoral desestimó la impugnación del censo presentada por el PSOE y mantuvo las inscripciones realizadas. Dicha entidad señalaba en su resolución que «no se tiene fundamento suficiente para efectuar de oficio rectificación alguna en el censo electoral de la circunscripción». Así y todo, el PSOE acudió a la vía penal presentado una denuncia en el juzgado de primera instancia e instrucción de Zafra. La misma fue sobreseída provisionalmente el 7 de junio del 2012. Sin embargo, la Audiencia Provincial ordenó reabrir la investigación para determinar con exactitud si el delito imputado había ocurrido, habiendo encausado a seis concejales y ex concejales populares de la localidad, así como el jefe de la Policía Local y el ex secretario del ayuntamiento. El propio Antonio Galván fue llamado a declarar como en calidad de imputado.

En octubre del 2018 el juzgado de Zafra decidió definitivamente sobreseer el caso al no encontrar indicios suficientes de imputación. La mayor parte de los empadronamientos, 40 de 63, se realizaron mucho antes de las elecciones y en el resto se tomó declaración señalando éstos que no habían recibido trato de favor alguno por votar en beneficio de un partido político concreto. En esos casos, además, se comprobaron facturas de luz y agua para constatar que realmente residían en esos domicilios.

Sin embargo, este fallo fue nuevamente recurrido por los demandantes y es ahora la Audiencia Provincial de Badajoz la que confirma el archivo. «En el caso presente, como se ha visto, agotada la instrucción y no existiendo indicios racionales de delito no procede sino ratificar el archivo de la causa. El recurso se rechaza», señala la sentencia.

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