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DEBATE

Andalucía quiere ampliar a 30 años la edad para que empiecen a prescribir los delitos de pederastia

En la actualidad los delitos caducan a partir de que la víctima tiene 18 años. La cámara autonómica defiende declarar en situación de riesgo a los menores infractores

JULIA CAMACHO
15/02/2018

 

Que el temor, el miedo o la vergüenza no hagan caducar los abusos sexuales a menores. El Parlamento de Andalucía insta, a través de una declaración institucional, a que el Ejecutivo regional promueva cambios legislativos para que la prescripción de los delitos de abusos sexuales contra la infancia empiece a contar a partir de que la víctima cumpla 30 años, y no a partir de los 18, como ocurre en la actualidad. Un cambio normativo cuyo debate se abrió justamente tras la denuncia por los abusos y agresiones sexuales a alumnos del colegio de los Maristas de Sants-Les Corts de Barcelona.

La legislación vigente establece que los abusos sexuales (como tocamientos o masturbación) a menores de edad dejen de perseguirse penalmente entre 5 y 10 años a partir de la  mayoría de edad de la víctima. En el caso de las agresiones sexuales  (penetración o felación) el plazo es un poco mayor, y prescriben entre los 10 y 15 años, también a partir de que la víctima cumple 18 años. Pero cada víctima tiene un proceso, y generalmente la mayoría no reúne la fuerza para contar su infierno hasta pasado de largo la mayoría de edad, con lo que los delitos suelen quedar en nada.

Apoyo de todos los grupos
Ahora, es el Parlamento andaluz el que pide que esta situación cambie a través de una declaración institucional para la protección de la infancia ante todo tipo de violencia que ha sido suscrita por los cinco grupos con representación en la cámara: PSOE-A, PP-A, Podemos, Ciudadanos (Cs) e IULV-CA. En ella, los grupos políticos se comprometen a “colaborar” para promover en el marco del trabajo parlamentario “todas las acciones necesarias para la protección de la infancia ante todo tipo de violencia en Andalucía”.

“Alertados y consternados ante los graves casos de violencia sufrida por la infancia y convencidos de que la violencia contra la infancia nunca es justificable en ninguna de sus formas debido la vulneración de los derechos fundamentales de los niños, así como sus efectos negativos para su desarrollo, los grupos parlamentarios andaluces somos conscientes de que las administraciones públicas son las responsables de impulsar acciones que permitan diseñar estrategias que nos conduzcan a eliminar todas las formas de violencia contra la infancia”, subraya el texto leído por el presidente de la cámara Jua Pablo Durán, “a través de acciones enfocadas a la concienciación de la sociedad, la prevención de la violencia, la protección de la infancia víctima de violencia y la puesta en marcha de acciones restaurativas”.

Menores infractores
Además de posicionarse en el debate sobre la prescripción de delitos, el documento hace alusión a los casos recientemente conocidos de abusos sexuales cometidos por menores en Jaén y Málaga, y pide a la Junta que, en el marco de la futura Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, declare "en situación de riesgo" a los menores de 14 años que cometan infracciones contra otros niños, “para que reciban la formación y atención necesaria para evitar que vuelvan a cometer o en su caso sufrir otra agresión”.

Asimismo pide que el ejecutivo regional impulse, en el ámbito de las competencias autonómicas, la formación específica y obligatoria para todos los profesionales que trabajen con menores “para que sean capaces de prevenir y detectar cualquier tipo de violencia”, además de promover la implantación en la enseñanza básica de una formación obligatoria sobre educación afectivo-sexual, que permita a los niños reconocer cuándo están siendo víctimas de abusos sexuales y desarrollar su sexualidad de forma segura y responsable.

Además, el Parlamento aboga porque la Junta de Andalucía se dirija al Gobierno de la nación y le inste a cumplir con los compromisos adquiridos ante el Comité de los Derechos del Niño para desarrollar una Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia contra la Infancia. Propone que esa nueva norma se presente en el Congreso de los Diputados antes de septiembre de 2018. 

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