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VARAPALO JUDICIAL

Anulada la venta de 3.000 viviendas sociales de Madrid a un fondo buitre

El juzgado contencioso 29 de la capital estima el recurso de un inquilino que afecta al conjunto de la operación. El Ejecutivo presidido por Ignacio González entregó los pisos a Goldman Sachs en 2013 por 200 millones.

MANUEL VILASERÓ
25/05/2018

 

La controvertida venta de casi 3.000 viviendas públicas a un fondo buitre llevada a cabo por la Comunidad de Madrid el año 2013 ha sido anulada por el juzgado contencioso-administrativo número 29 de la capital de España. La sentencia es producto de una demanda presentada por uno de los afectados y con ella acaba una larga lucha emprendida por el colectivo de afectados. El actual presidente madrileño,  Ángel Garrido, ha dicho que  la "acatará" y que la venta "no fue un acierto".

En plena crisis económica, tanto la Comunidad como el Ayuntamiento de Madrid enajenaron un total de 5.000 viviendas sociales de alquiler  adjudicadas a familias vulnerables a los fondos buitres Goldman Shacks y Blakstone que a los pocos meses empezaron a subir las rentas y a desahuciar a quienes se negaran a pagarlas.

Investigaciones penales
Desde entonces, dos juzgados madrileños investigan las presuntas irregularidades cometidas por los responsables de las ventas pero la anulación de la venta del IVIMA, el organismo que gestionaba los pisos sociales del Ejecutivo regional, ha llegado por otra vía. Ha sido gracias a un recurso de un arrendatario del Navalcarnero asistido por  una abogado de oficio que inicialmente fue desestimado por una cuestión de forma pero que el Tribunal Supremo devolvió al tribunal que ahora ha dictado el fallo.

El veredicto considera que la necesidad de vender 2.935 viviendas, 3.084 garajes, 1865 trasteros y 45 locales a Azora Gestión (filial de Goldman Sahcs), por 211 millones de euros no se justificó en el expediente de compraventa.

“No se ofrece ni justifica la razón o el porqué dejan de ser necesarias dichas promociones, cuando juntan un total de 2.935 viviendas que cumplen una labor social, como es la de proporcionar a clases desfavorecidas una vivienda digna”, señala la sentencia. Sólo se podría haber justificado la enajenación, añade,  “si no hubiese existido una demanda y las viviendas estuviesen desocupadas, algo que no sucedió ya que las casas estaban ocupadas en un ochenta por ciento".

El Gobierno de la Comunidad de Madrid estaba presidido entonces por Ignacio González, hoy bajo investigación judicial por la compra de un ático en Estepona y por el cobro de comisiones millonarias a través de la empresa pública Canal de Isabel II.

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