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SANIDAD

Las comunidades autónomas se ponen del lado de los enfermeros contra el decreto de prescripción

 

EFE
22/02/2016

La mayoría de las comunidades autónomas se han puesto del lado de los enfermeros contra el real decreto que regula la "prescripción enfermera" al considerar que es "inaplicable", contradice la práctica habitual y coordinación entre los sanitarios y, además, plantea problemas de seguridad jurídica.

Desde que el Gobierno aprobara en octubre la norma que regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros, estos profesionales se han puesto en pie de guerra porque argumentan que el texto les traiciona a ellos y a los pacientes, y vulnera el Estado de Derecho.

Uno de los puntos de la discordia es el artículo 3.2 del real decreto que indica que para que los enfermeros puedan utilizar un fármaco sujeto a prescripción es necesario que el médico haya realizado antes "el diagnóstico, prescripción, protocolo o guía de práctica clínica y asistencial a seguir".

Los enfermeros han explicado en numerosas ocasiones que antes de la entrada en vigor de esta norma desarrollaban con cierta autonomía su actividad en materia de medicamentos sujetos a prescripción médica "una práctica buscada, aceptada y aplaudida", dada la "agilidad, seguridad y confianza" que, a su juicio, ha supuesto para el funcionamiento del sistema sanitario.

Además, han argumentado que la prescripción enfermera es un principio legal introducido en la Ley del Medicamento de 2009.

Así, los enfermeros han advertido de que con la entrada en vigor del decreto el pasado 24 de diciembre, se duplicarán las actuaciones y el sistema sanitario se saturará con "el subsiguiente trastorno" tanto para pacientes como para profesionales, no solo de la enfermería, también médicos.

Para tratar de frenar el decreto, tanto el Consejo General de Enfermería, como el sindicato Satse, entre otros han presentado recursos ante el Tribunal Supremo, que ha decidido de momento no suspender de forma cautelar el artículo 3.2.

A ellos se han sumado en las últimas semanas varias comunidades que han anunciado que acudirán a los tribunales para evitar la aplicación de la norma.

Baleares ha presentado su recurso porque defiende que la normativa impide a los enfermeros llevar a cabo de manera autónoma centenares de actuaciones que hasta ahora hacían con "normalidad y eficiencia probadas", un argumento similar al del Gobierno vasco que que en su escrito opina que el decreto contradice la práctica habitual, y plantea problemas de seguridad jurídica.

Canarias ha anunciado que recurrirá, al igual que Navarra, Asturias, Extremadura, Cantabria y Cataluña, ésta última aspira a tener una regulación propia sobre la materia.

En el caso de Andalucía, ha pedido al Ejecutivo la derogación de varios apartados del real decreto como paso previo a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional en el plazo de un mes y afirma que seguirá aplicando su propia norma autonómica, aprobada en 2009.

Aragón va a recurrir por la vía contencioso-administrativa este real decreto, que considera "inaplicable", va a solicitar la suspensión cautelar del mismo y ha pedido una reunión urgente y extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, una solicitud que apoyan la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias y Cantabria.

Por su parte, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid no ha especificado si recurrirá la norma y ha informado de que ha difundido una circular para resolver las dudas de los enfermeros sobre el decreto.

Castilla y León no tiene intención de llevar la norma al Supremo aunque tampoco la está aplicando a la espera de que se realice el correspondiente desarrollo reglamentario de la misma, mientras que Galicia, tras consultar con sus servicios jurídicos, cree que no invade competencias con lo que estima que no existe fundamento para recurrirla.

La Rioja no lo va a recurrir y ha ofrecido su amparo a los trabajadores para que sigan haciendo su labor "como la han venido haciendo siempre mientras confía en que el decreto, en su desarrollo pueda ser mejorado, fruto del trabajo de todos".

Entre los defensores del decreto se encuentran los médicos, de hecho, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) se ha personado ante el Supremo como "codemandado de la Administración" en todos los recursos interpuestos y en los que vayan a presentarse en el futuro y sostiene que en el texto queda "perfectamente delimitado" el campo de actuación y competencias de los profesionales.