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ENTREVISTA AL NUEVO PRESIDENTE DE GREENPEACE ESPAÑA

"Cuando nos hagan análisis de sangre medirán el microplástico que tenemos"

David Sandoval es el nuevo presidente de Greenpeace España

EL PERIÓDICO
06/05/2018

 

Desde hace dos meses, el abogado valenciano David Sandoval en el nuevo presidente de Greenpeace España. La influyente ONG, que pasa ya los 115.000 socios tras aumentar un 23% en el último lustro, se mantiene firme contra las nucleares, refuerza su batalla contra los plásticos, modula su oposición a los transgénicos y ve amenazado el espacio democrático en el país.

-Este 2018 es el año de la batalla definitiva de las renovables porque debe publicarse la directiva europea y estamos ya casi en el ecuador, ¿qué espera Greenpeace?

-Las expectativas no son buenas, puede que suba un poco el porcentaje exigido, que eran muy conservador, pero estamos hablando de subir igual tres puntos. Llegaría al 30% del total, con suerte.

-Esa norma puede marcar el futuro del ‘impuesto al sol’. ¿Cuál es su propuesta sobre el llamado ‘peaje de consumo’, la parte de costes fijos que se obliga a pagar a quien genere energía?

-Que no haya peajes, como en algunos ‘lander’ alemanes o en algunos Estados de EEUU. Lo que pedimos es el balance neto, consumes 100, produces 20 y pagas 80. Además, el peaje realmente no lo están aplicando, no lo están cobrando. El procedimiento administrativo para darse de alta es tan complicado que la gente no lo está haciendo. La única función fue paralizar que hubiera una explosión grande de autoconsumo y eso se consiguió.

-El argumento del Gobierno era que si no se paga, le subiría la cuota al resto…

-Claro, y que te aprovechabas de la existencia de una red pero como ese impuesto no existe en ningún país son argumentos fáciles de contrarrestar. Si en el resto funciona y la red no se cae, no se sostienen.

-Algunas comercializadoras ofrecen ahora ‘certificados de energía verde’ aunque no se puede garantizar de dónde viene la producción. ¿Qué opinión tienen?

-No puedes separar qué viene de una fuente o de otra, eso cualquiera lo sabe pero es una estrategia de márketing buena. Muchas comercializadoras nos han pedido apoyo, diciendo ‘vendo 10.000 kilovatios de potencia y compro los mismos a productores de verde por tanto lo que vendo es verde’ y no hemos querido entrar porque tenemos que ser puristas y no se puede certificar. Pero se está logrando que el ciudadano conozca y demande y que algunas comercializadoras se cambien.

-¿Está ganada la batalla de los plásticos de un solo uso tras el anuncio de su prohibición en 2020?

-Estamos contentos aunque aún está por desarrollar. En la última campaña probamos que la cantidad de plásticos en el mar era infinitamente superior a lo que creíamos. Estamos contentos porque nos estamos concienciando del peligro. Antes parecía que solo molestaba, y ahora sabemos que es peligroso. Los científicos ya dicen que en breve, cuando nos hagan análisis de sangre van a medir el microplástico que tenemos. Flipa.

-Una de los ejes de actuación de la nueva directiva es la recuperación del espacio democrático. ¿Lo ven amenazado?

-Sí, vemos un retroceso en derechos básicos, fundamentales. Hace años teníamos una campaña para que los derechos medioambientales, el artículo 45, fueran reconocidos como fundamentales en la Constitución. Era una expectativa hace diez años y ahora se ha dado la vuelta, ahora es ‘no me puedo expresar de esta manera’, o ‘cuidado con ese tuit’. Entendemos que la defensa del medioambiente sólo se puede hacer en un espacio democrático consolidado.

-¿Es la libertad de expresión el derecho más amenazado?

-Entre otros. La ley mordaza es un ejemplo claro como dijimos cuando se aprobó. Primero te dicen que es por tu seguridad y luego te lo aplican a ti.

-Se dijo que en parte era una ley anti-Greenpeace…

-Hay cláusulas claramente anti-Greenpeace como donde dice ‘si usted se sube a un edificio emblemático  para colgar una pancarta, son 300.000 euros’. Esta diseñada adrede

-¿Les han amordazado?

-Lo intentan, siempre lo han hecho, ahora es más explícito. No tiene sentido porque es matar al mensajero. Saben que solo vamos a protestar y me preocupa mucho que protestar o llamar la atención sea un problema. Greenpeace es completamente previsible, si nos colamos en una central se va a todos los juicios y se pagan las multas que sean. Nunca se ha rehuido una acción judicial. Esta involución corta de raíz lo que piensas que es una democracia. La mayoría de avances llegan porque las personas empujan. Ese es el peligro, que quieran cortar de raíz la protesta en sí, una protesta pacífica, organizada y a veces comunicadas. El otro día avisamos que íbamos a estar en la puerta de los supermercados.

-Hablemos de transgénicos. Ha quedado claro que no era cierto que fueran a acabar con el hambre como decían sus defensores pero tampoco hay evidencias científicas de que haya ningún peligro en los alimentos. ¿Por qué seguir alentando ese miedo y no centrarse, por ejemplo, en que los agricultores se quedan a merced de las compañías porque no hay semillas?

-Hay un principio de prevención científica. Los científicos que los defienden decían que no había ningún problema en soltarlos en la naturaleza y que nunca se iban a hibridar o que era muy difícil y ya ha pasado. Por eso mantenemos un principio de prevención, pero en los últimos informes se ha bajado la atención sobre eso y se incide más en que detrás hay un control de la producción de los agricultores, que a corto plazo es mucho más peligroso.

-¿Cuáles son las siguientes centrales nucleares que deberían cerrar como Garoña?

-Cofrentes y Vandellós II deberían ser las siguientes cuya licencia no se renueve. Y Almaraz también está ahí. Cofrentes es la que más incidentes ha tenido en el último año y medio. Si se le aplican los mismos criterios que a Garoña, en materia de garantías de seguridad para funcionar diez años más, a lo mejor no les sale rentable que continúe. Lo lógico sería eso. El otro factor sería el desarrollo de las renovables sin prima. Si entre Europa y el factor interno se deja que las renovables tengan el peso que pueden tener, el que el sistema nuestro podría absorber, las nucleares no hacen falta en España.

-Se ha cerrado Garoña y no ha pasado nada.

-Se ha cerrado y se han parado a la vez Cofrentes y Vandellós y no ha pasado nada. Y esa es siempre la excusa, que debe haber un soporte de las nucleares.

-Uno de los debates que se abre paso es el de los residuos. En la Comunitat Valenciana. por ejemplo, la patronal ha frenado la implantación del SDDR, un sistema de retorno de envases.

-El problema es que el tema se ha centrado en una cuestión que es importante pero es muy parcial. Aquí, en números gordos, acaba en vertedero el 80% y se recupera 20% y en la Unión Europea se quiere que en 2030 vaya al vertedero un 5%. Es una tarea inmensa. Lo primero separar la orgánica, sí o sí. Así la sacas del mogollón y dejas de transportar agua, pues eso es lo que es al final, de un lado a otro. Si la separas bien se composta toda.

-¿Y el SDDR?

-Está funcionando en cuarenta zonas del mundo y además es un negocio para quien lo hace. Yo lo he visto en Berlín. Allí el pequeño comercio tiene unas bolsas con una especie de cierre zip y un código de barras y en la nave de recuperar, pagada y montada por los empresarios, se pasa el código y al final del mes les llega un documento con el dinero ingresado por recuperar. Coca Cola, en el ‘land’ de Berlín, reutiliza las botellas de plástico. En el estante están las nuevas y las reutilizadas, que tienen unas marcas y se compran más, porque dan más prestigio. Si ellos lo hacen es que no pierden dinero. Espero que se implante también en España porque creo que va a beneficiar tanto a productores como a comerciantes y envasadores. Será más fácil si se hace como legislación nacional.

-¿Qué supone para las ONG’s casos de supuestos abusos y acoso como el de Oxfam o ahora el de Greenpeace en  Argentina?

-Es un palo. El problema es que las ONG son receptáculo de esperanzas y cuando sale un caso así tiemblan los esquemas de las personas que lo están dando todo todos los días. Es muy duro. Nosotros hace tiempo instalamos políticas muy duras, se creó la figura del ‘integrity officer’ para coordinar las políticas dispersas y cuando salió lo de Argentina lo primero fue una primera miniauditoria, toca ver que todo está engrasado y funciona y en España estamos bien. Pero tenemos claro que si alguna vez pasa lo primero es ser transparente comunicarlo y explicar lo que hemos hecho.

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