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OLA DE PROTESTAS

Encerrados por llegar a España

El rosario de protestas protagonizadas por argelinos da alas a las oenegés que piden el cierre de los CIE. Los inmigrantes que entran en patera se ven obligados a convivir con delincuentes en peores condiciones que en las cárceles

 

Los ingresados en el CIE de Aluche gritan consignas desde la azotea del centro. - AFP / JAVIER SORIANO

MANUEL VILASERÓ
24/10/2016

Una huida en masa en Murcia, un conato de motín en Madrid y una huelga de hambre en Barcelona en poco más de 15 días. Este rosario de protestas registradas en centros de internamiento de extranjeros (CIE), protagonizadas por argelinos llegados en patera durante el mes de octubre, ha vuelto a poner sobre la mesa el trato que reciben los ingresados en estas ‘pseudocárceles’, cuya existencia misma han vuelto a cuestionar muchas instituciones y oenegés mientras son defendidas sin fisuras por el Ministerio del Interior. 

Todas las fuentes consultadas coinciden en que el factor desencadenante ha sido la frustración de quienes, tras arriesgar la vida en el mar en una larga travesía hasta las costas españolas, "se les cae el mundo encima" al verse encerrados sin haber cometido ningún delito y, lo que es aún peor, se ven abocados a una expulsión segura. A diferencia de lo que ocurre con algunos países centroafricanos, ni Argelia ni Marruecos ponen obstáculos a las repatriaciones. Eso lo saben los inmigrantes y no es extraño, por tanto, que intenten evitarlo. 

En el motín del CIE de Sangonera (Murcia), el 5 de octubre pasado,lograron huir 67, aunque la mayoría fueron capturados posteriormente. En el madrileño de Aluche intentaron sin éxito escapar por puertas y ventanas, lanzando bancos arrancados sobre ellas, según el informe policial. Luego se concentraron en la terraza. Ahora reclaman, también los de Barcelona, que les expulsen ya o los dejen salir a la calle. 

REPRESALIAS EN MADRID

Interior y las oenegés coinciden en este relato, pero a partir de ahí empiezan las discrepancias. “A la frustración se añade que las condiciones de internamiento son horribles. Para empezar, malas condiciones sanitarias. Hay hacinamiento y poco personal médico. Malos tratos de obra y de palabra. ‘Moro de mierda’ es el insulto más habitual. La comida es mala y escasa, y falta de intimidad en las celdas”, relata el portavoz de SOS Racismo en Madrid, que ha presentado una demanda por "las represalias" contra los protagonistas del motín. “Les insultaron, les agredieron y tiraron el Corán al suelo y luego lo pisotearon”, asegura. 

Pero no solo las oenegés se quejan. Ramiro García de Dios, uno de los tres jueces encargados del control del centro de Aluche, declaraba el pasado domingo a ‘eldiario.es’ que "se vulneran los derechos humanos" en el centro y que los policías se encubren entre ellos cuando un interno sufre algún abuso mientras se apresuran a expulsarlo para que no declare. Y aderezaba sus declaraciones con esta reveladora confidencia: “Llaman 'el Sádico' al jefe de seguridad. Y se refieren al servicio médico como 'los doctores ibuprofeno'... Si eso se repite en diferentes momentos, es que algo pasa”. 

No es raro escuchar a inmigrantes que han cumplido condena en cárceles españolas decir que preferían volver a la cárcel, porque allí les trataban mejor. En cualquier caso, lo cierto es que uno de los problemas de los simpapeles que ingresan en los centros solo por eso, por carecer de papeles, es que se ven obligados a convivir con delincuentes que han visto conmutada su pena de cárcel por la expulsión. “No tiene sentido que alguien que solo se ha subido a una patera tenga que compartir mesa, patio e incluso celda con un atracador”, explica el miembro de una oenegé que conoce las interioridades de los centros. 

Con el reglamento aprobado en el 2014, largamente reclamado, la situación límite en que se encontraban los centros ha mejorado. En especial con las reformas de la instalaciones en Madrid y Barcelona. No así en Murcia. Pero el reglamento no siempre se cumple y su aplicación queda en manos de la policía, indica la misma fuente. El próximo miércoles un grupo de parlamentarios visitará el centro de Aluche. 

LA MITAD DE LOS EXPULSADOS TIENEN ANTECEDENTES

Fuentes policiales indican que se intenta evitar esta convivencia destinando los centros de Madrid y Barcelona a los inmigrantes condenados y los de Algeciras y Murcia a los llegados en patera, pero no es posible al 100%, sobre todo cuando llega una oleada de pateras como la de octubre, en la que arribaron más de mil inmigrantes, la mayoría argelinos, un fenómeno que también causa un inevitable hacinamiento y el nerviosismo de los agentes que se ven obligados a controlarlos con escasos efectivos. 

En el CIE de la Zona Franca el 98% de los expulsados en el 2015 tenían antecedentes, mientras que en el de Aluche los tenían el 60%. En el conjunto de España fueron casi la mitad, el 49%. 

Interior no quiere ni oír a hablar del cierre. Su titular, Jorge Fernández Díaz, argumenta que forman parte del acuerdo comunitario de control de fronteras pactado en Schengen y que “los tienen todos los estados de la UE”. Respecto al cumplimiento de los derechos humanos asegura que están garantizados por “el control judicial”, algo que, a la vista está, no comparten los jueces.