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Los expertos exigen al Gobierno que devuelva derechos a los discapacitados

El Comité de Bioética reclama que no se les incapacite en la toma de decisiones, sino que se les "apoye"

EL PERIÓDICO
13/02/2018

 

Una conquista más, en un camino lleno de barreras. A partir de este miércoles, las personas con discapacidad podrán formar parte de un jurado, institución judicial que hasta ahora se les había vetado. El cambio legal viene motivado por la aplicación de una convención de la ONU que España ratificó en el 2008, pero que aún no se ha transpuesto en su integridad. De hecho, el Gobierno tiene desde hace algunas semanas sobre la mesa un informe del Comité de Bioética, el órgano consultivo en materias morales y sociales creado por José Luis Rodríguez Zapatero, que le conmina a mover ficha para que las personas con discapacidad gocen de los mismos derechos que el resto, en aplicación de la norma internacional.

Los especialistas reclaman que se reconozca al colectivo la plena capacidad de obrar, con los apoyos necesarios, que tenga derecho al voto sin cortapisas o que se acabe con prácticas que los expertos deploran como las esterilizaciones forzosas de mujeres cuyo entorno quiere protegerlas de embarazos no deseados.

Fue el Ministerio de Sanidad el que reclamó el parecer del órgano consultivo. En su respuesta, el comité avisa de que la convención trae consigo un "cambio sustancial", dado que propone superar el modelo basado en una excesiva protección por otro en el que se fomente la autonomía. El problema, alerta el informe, es que pueden producirse abusos, por ello reclama que la implementación de la norma busque el equilibrio, de forma que los interesados "tengan capacidad jurídica y autonomía personal pero con los apoyos necesarios". "El grado de protección -propone- no puede ser igual para todos, sino que ha de depender del riesgo que corren de sufrir daño".

La incapacidad jurídica
El Comité de Bioética pide acabar con las figuras jurídicas que suponen sustituir a las personas con discapacidad en la toma de decisiones. La normativa que lo permite surgió "con el fin de protegerlos, desde un punto de vista paternalista, que tuvo quizá razón de ser en su momento, dado que su situación era mucho más precaria y estaba marcada por la exclusión", explica Jesús Martín Blanco, delegado del Cermi (Comité de Representantes de Personas con Discapacidad) para los derechos humanos. Si bien, en línea con el órgano consultivo, Martín Blanco defiende que el sistema "proteccionista" sea reformulado, para que no se les "aparte" sino que se les "apoye". En su opinión, la convención es "un hecho jurídico indiscutible" y por tanto el Gobierno ha de ser "valiente" y no solo proponer "retoques" sino crear un nuevo modelo basado en la autonomía.  

Como consecuencia de los procesos de incapacidad, los afectados pierden su derecho al voto. En las elecciones del 2015, 96.418 ciudadanos no pudieron mostrar sus preferencias electorales, una cifra que ha crecido de manera exponencial desde el año 2000, cuando se contabilizaron 12.709 personas. El comité pide acabar con esta situación porque aunque "pueden existir situaciones en las que una persona presente ausencia total de discernimiento y sea incapaz de comunicar su decisión", a ojos de los expertos "no parece necesario que casos tan excepcionales sean objeto de una regulación general". El presidente de Plena Inclusión Madrid (antigua FEAPS), Mariano Casado, comparte que el "poner limitaciones corre el riesgo de que perjudicar a la mayoría".  

Gracias al impulso de las oenegés, el Congreso tramita una iniciativa para restituir completamente el voto, a través de una reforma de la ley electoral, pero que está por ver si se aprueba en esta legislatura.

El internamiento forzoso
Por otro lado, el Comité de Bioética pide suprimir las esterilizaciones forzosas que, en muchos casos, el entorno sociosanitario recomienda a las familias (o exige para ingresar a la paciente) para evitar embarazos no deseados. El Cermi propone sustituir esta práctica e incrementar la educación sexual, así como indemnizar a los casi 1.000 afectados desde el 2005, 140 en el 2016, último dato disponible. Las asociaciones piden además transparencia en las estadísticas, porque las cifras proporcionadas por el Consejo del Poder Judicial no permiten conocer el final de cada procedimiento ni el sexo de los demandantes. Las esterilizaciones "no solo se dan en España, sino en mucho otros países", denuncia Ana Peláez, del Cermi. Haciéndose eco de estas demandas, el PDECat ha presentado una moción en el Congreso para acabar con estas prácticas.

Por último, el órgano consultivo pide derogar el artículo 763 de la ley de enjuiciamiento civil que permite el internamiento forzoso de personas con discapacidad, y remitir estas situaciones a la ley sanitaria general, que admite que un paciente sea intervenido clínicamente sin contar con su consentimiento, cuando no sea capaz de tomar decisiones, pero prevé ofrecer a las personas con discapacidad los apoyos necesarios para que estén informadas y muestren su conformidad. El comité pide no obstante que se siga requiriendo una autorización judicial.

Sus informes no son preceptivos. Por tanto, ahora la pelota está en el tejado del Ministerio de Sanidad, que puede decidir seguir las recomendaciones o no.

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