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crisis alimentaria

El juzgado ordena investigar a los dueños de Magrudis por posible alzamiento de bienes

Sospecha que se creó una "ingeniería mercantil" con testaferros en prevención de "posibles problemas"


09/10/2019

 

La investigación policial sigue estrechando el cerco sobre Magrudis, la empresa cárnica de Sevilla donde se originó el foco de listeria que dejó tres muertos, siete abortos y más de 200 infectados. El juzgado que trata de esclarecer lo ocurrido ha ordenado también investigar a la cúpula empresarial encabezada por José Antonio Marín Ponce por un posible delito de alzamiento de bienes, ante la sospecha de que intentar eludir el pago de cualquier posible responsabilidad. Entiende que el propietario, encarcelado desde finales de septiembre, pudo montar todo un sistema de ingeniería mercantil mediante testaferros para estar blindados ante cualquier posible reclamación.

El auto, difundido por Facua-Consumidores en acción, que está personada en la causa judicial, es contundente en este sentido. De la investigación llevada a cabo hasta el momento se deduce que podríamos encontrarnos ante una trama organizada, que ha creado distintas entidades mercantiles, todas con objeto social similar, así como los mecanismos necesarios para eludir el pago de las deudas y obtener cuantiosos beneficios económicos, argumenta.

En este sentido, el auto detalla que Marín Ponce tuvo cinco empresas registradas, cuatro de las cuales quedaron sin actividad tras acumular deudas y no poder hacerles frente. Tampoco sus hijos permanecen al margen: el mayor, Sandro Marín, es el gerente y administrador único de Magrudis SLU, mientras que el pequeño, Mario, tendría a su nombre Elaborados Cárnicos Mario SLU, siendo también administrador único. Los dueños de Magrudis ocultaron además a la policía que una sociedad diferente comercializaba sus productos. Asimismo, uno de los dos arrestados a finales de septiembre junto a la familia Marín estaría también vinculado a otras dos sociedades distintas.

Para la instructora, detrás de todas estas entidades se encuentra el cabeza de familia, Marín Ponce. Se deduce que, con la creación de todas las entidades antes indicadas, se han obtenido grandes beneficios económicos, habiéndose creado una ingeniería mercantil dirigida de forma absoluta a prever los posibles problemas que puedan sobrevenir en el funcionamiento empresarial, tanto a nivel económico como sanitario, para lo cual ha utilizado a diferentes personas en su entorno, expone en el auto, dictado el pasado día 7 de octubre.

Por este motivo, la jueza de instrucción 10 de Sevilla insta a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia que realice el estudio de las actividades económicas, tanto en España como en el extranjero, por parte de los investigados y de personas vinculadas por lazos familiares, que pudieran estar realizando labores de testaferro. La citada Oficina se encargará de la localización de los bienes, efectos, instrumentos y ganancias que pudieran provenir de los hechos investigados en relación a nueve personas y diez empresas, tras lo que facilitará los datos que obtenga a los miembros de la Unidad Central Operativa Medioambiental (Ucoma) de la Guardia Civil que llevan a cabo la investigación.

Las pesquisas van encaminadas a garantizar el pago de posibles indemnizaciones y multas, dada la gravedad de los delitos investigados: delito contra la salud pública, homicidio por imprudencia y lesiones al feto con resultado de muerte, a los que ahora se podría añadir otro posible delito de insolvencia punible. De ahí que se haga necesario averiguar los activos, bienes, instrumentos, ganancias o efectos provenientes de las actividades ilícitas investigadas.

Mientras se lleva a cabo esta investigación, tanto Marín Ponce como su hijo Sandro permanecen en prisión preventiva desde el pasado 26 de septiembre. Su defensa solicitó la puesta en libertad al entender que, dado el tiempo transcurrido desde el inicio de la alerta sanitaria hasta su detención, ya no habría riesgo de destrucción de pruebas ni tampoco de fuga, aunque la jueza aún no se ha pronunciado.

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