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JUICIO

La magistrada del caso de 'La manada' apoya la libertad provisional

De esta manera, el presidente del tribunal, José Francisco Cobo Sáenz, ha sido el único que ha defendido la necesidad de que se prorrogara la cárcel.

EL PERIÓDICO
21/06/2018

 

Raquel Fernandino, la única mujer que forma parte del tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra que dictó la condena de nueve años de cárcel a 'La manada', ha respaldado la libertad provisional bajo fianza para los cinco condenados a la espera de sentencia firme. Tanto ella como Ricardo González, el magistrado que vio "sexo con jolgorio" en uno de los vídeos que se analizaron en el juicio, han apoyado la medida cuando faltan pocos días para que se cumplan dos años de la prisión provisional de los condenados.

De esta manera, el presidente del tribunal, José Francisco Cobo Sáenz, ha sido el único que ha defendido la necesidad de que se prorrogara la cárcel.

Hasta ahora, los magistrados José Francisco Cobo Sáenz y Raquel Fernandino se habían mostrado en contra de decretar la libertad provisional de los cinco sevillanos encausados en este procedimiento, en contra del criterio del magistrado Ricardo González, que se había declarado partidario de la libertad provisional bajo fianza.

La propia sentencia condenatoria a nueve años de cárcel dictada el pasado mes de abril contó con el voto particular del juez Ricardo González, que discrepó de sus dos compañeros de sala y abogó por la absolución de los cinco acusados.

En esta ocasión, con la proximidad de la fecha límite que marca la justicia de dos años de cárcel provisional, este equilibrio de mayorías ha variado, dado que la magistrada Raquel Fernandino se ha inclinado por dictar la libertad provisional bajo fianza para los cinco condenados, a la espera de que se dicte sentencia firme.

Los cinco jóvenes no podrán entrar en Madrid
Al margen de la fianza, el tribunal ha impuesto a los condenados la obligación de comparecer los lunes, miércoles y viernes en el juzgado de guardia de su localidad.

También les impone la prohibición de entrar en la Comunidad de Madrid, la prohibición de comunicación con la víctima, la retirada del pasaporte, y la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial.

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