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LA FINANCIACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Primer embargo judicial por un préstamo universitario en España

Un juzgado de Madrid actúa contra una joven que pidió un crédito al ICO para pagar su máster. La mujer, que asegura que nadie le informó de la deuda, debe pagar ahora 18.000 euros


15/05/2018

 

Una joven que solicitó un crédito de 18.000 euros para pagar sus estudios de máster va a ser embargada por un juzgado de Madrid, porque no ha devuelto el dinero en el plazo convenido, según ha denunciado la Asociación de Afectados por el Préstamo Renta Universidad. Se trata, asegura la entidad, del primer embargo judicial por este tipo de préstamos que concedió el Ministerio de Educación entre los años 2007 y 2011, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), y que han sido muy cuestionados por los problemas que luego acarrearon a sus solicitantes.

"El ministerio creó, en tiempos de Zapatero, un sistema de préstamos ligados a la obtención de una renta futura, es decir, un sistema por el que los titulados universitarios solo estarían obligados a devolver el dinero cuando tuvieran ingresos suficientes, en concreto una renta anual de 22.000 euros", explican fuentes de la asociación. Es un modelo muy similar al que funciona desde hace años en países como el Reino Unido. 

"Sin embargo, en convocatorias sucesivas el ministerio eliminó este umbral de devolución sin informar del cambio de naturaleza de los préstamos y los bancos colaboradores comenzaron a reclamar a miles de jóvenes la devolución del dinero y el cobro de comisiones e intereses de demora, e incluso les están incorporando en ficheros de morosidad", añade el colectivo de afectados. El ultimátum de las entidades bancarias, que en el 2013 exigían una media de 300 euros mensuales a sus deudores, llegó justo en plena crisis, cuando muchos de aquellos jóvenes tenían serios problemas para encontrar un empleo. El ministerio, que eliminó estas ayudas nada más llegar José Ignacio Wert, trató de negociar prórrogas, pero estas fueron insuficientes.

SIN QUE LA AFECTADA LO SUPIERA

El juzgado de primera instancia número 60 de Madrid dictó el año pasado una orden general de ejecución por una cantidad de 18.000 euros contra una joven que recibió un préstamo Renta Universidad, que es como se llamó este sistema de financiación estudiantil. Según el fallo, más de 4.000 euros son en concepto de interés y costas.

"El procedimiento judicial se ha desarrollado sin el conocimiento de la afectada, ya que el Ministerio de Educación no avisó en ningún momento de la existencia de esta reclamación judicial y el banco no pidió al Ministerio el domicilio de la prestataria a efectos de notificaciones". La joven se ha enterado del procedimiento al comprobar que el dinero le había sido embargado de su cuenta bancaria.

El abogado de la Asociación de Afectados por el Préstamo Renta Universidad, Miguel Ángel Llamas, ha solicitado la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo por este juzgado al considerar que "es manifiestamente ilegal que un banco pueda embargar a una persona con base en un préstamo concedido por el ministerio con fondos públicos".

La entidad también ha solicitado al ministro Íñigo Méndez de Vigo una reunión "con carácter urgente para solucionar la problemática, evitar la judicialización y cumplir con el mandato del Congreso de los Diputados, que el pasado año aprobó sin ningún voto en contra una proposición que asumía las demandas de los afectados".

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