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Purdue acepta declararse culpable de cargos penales por los opioides

El pacto de la farmacéutica estadounidense con Justicia incluye el pago, improbable, de 8.300 millones de dólares Otros demandantes crítican el pacto, donde algunos ven una maniobra para beneficiar políticamente a Trump

 

Envases de OxyContin, el analgésico altamente adictivo fabricado por Purdue. - REUTERS

IDOYA NOAIN
21/10/2020

Purdue, la farmacéutica estadounidense propiedad de la familia Sackler que fabrica OxyContin y que está más señalada por haber facilitado y fomentado la devastadora epidemia de adicción a los opioides que consume Estados Unidos, ha alcanzado un acuerdo con el Departamento de Justicia que podría pavimentar el camino para cerrar otros miles de demandas que enfrenta la compañía. Según el pacto, Purdue se declarara culpable de tres cargos penales federales, incluyendo el de conspiración para defraudar al país y violación de leyes contra el soborno, y debería desembolsar más de 8.300 millones de dólares.

En concreto, Purdue reconoce que obstaculizó el trabajo del gobierno al decir en falso que tenía un programa efectivo y robustos controles para evitar el desvío de opioides del terreno médico. También admite que pagó a doctores y animó a que recetaran más OxyContin. Su papel se considera fundamental en una epidemia de opioides que, según datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, se ha cobrado desde 1999 más de 450.000 vidas en EEUU y ha disparado una tragedia humana y social de adicciones con profundo impacto en los costes sanitarios, en las fuerzas de orden y en el empleo.

Los más de 8.000 millones del acuerdo representan un hito histórico pero puede acabar siendo simbólico pues la empresa, que ya pagó 600 millones en otro caso federal en su contra en 2007, está en un proceso legal de reestructuración bajo las leyes estadounidenses de bancarrota y se descarta que acabe pagando esa cantidad.

Politización

No es el único punto controvertido del pacto. Este contempla la transformación de la empresa en un fondo en interés público, algo que rechazan al menos 25 fiscales generales que participan en las miles de demandas planteadas por estados, condados, municipios y tribus, así como por familias individuales contra la compañía.

Además, aunque el pacto no exime a la compañía y a sus dueños de futuras responsabilidades penales y los Sackler pagarán 225 millones de dólares en multas civiles, hay quien cree que el acuerdo se ha acelerado para dar a Donald Trump la posibilidad de presentar un triunfo en su guerra contra los opioides antes de las elecciones del 3 de noviembre. Eso es lo que ha dicho, por ejemplo, Maura Healey la fiscal general de Massachusetts, uno de los estados que ha demandado a Purdue, que ha prometido seguir persiguiendo a los Sackler (que han abandonado la junta directiva pero siguen siendo propietarios y que movieron casi 11.000 millones de la compañía a sus cuentas y fondos privados).

Purdue había exigido resolver primero los cargos federales en su contra antes de buscar un acuerdo para las otras miles de demandas, que quiere solventar con 10.000 millones de dólares (una tercera parte de la cual la pagarían los Sackler).