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DISCAPACITADO CON VOTO

"Tuve que ir al juzgado para poder votar igual que los demás"

Kiko Mora perdió su derecho al sufragio cuando fue incapacitado judicialmente

EL PERIÓDICO
13/02/2018

 

Kiko Mora Navarro se siente desde junio del 2016 un “ciudadano más”. Y es que en las últimas generales pudo votar por primera vez después de haber perdido este derecho en el proceso de incapacidad judicial que promovieron sus padres para protegerle, por temor a que alguien aprovechara su discapacidad intelectual para empujarle a cometer alguna acción ilegal.

Así, después de votar en dos ocasiones tras cumplir 18 años, se vio privado del derecho a expresar sus preferencias políticas en una urna, lo que le hacía “sentirse fatal” cada vez que acompañaba a sus padres a los colegios electorales. Kiko hizo saber a su familia que él también quería recibir cartas del censo electoral, y depositar su papeleta, lo que motivó que sus padres solicitaran ayuda a Plena Inclusión Madrid (antigua FEAPS), entidad que les puso en contacto con la abogada María José Ruano, quien les ayudó con los trámites. “Tuve que ir al juzgado para poder votar igual que los demás”, critica Kiko.

Su madre, Beatriz Navarro, explica que conseguir que la justicia devolviera a Kiko la posibilidad de votar cuesta “tiempo, dinero y esfuerzo”, ya que son los interesados los que deben correr con los gastos. En su caso, el proceso duró unos ocho meses porque les dieron la razón en primera instancia. La familia tuvo que aportar “muchísima documentación” que demostrase la capacidad decisoria de Kiko, los programas en los que participa, el centro en el que trabaja, etcétera. porque no es fácil que “un juez revoque la decisión judicial previa de otro”, según comenta su madre.

Kiko recuerda que no le costó decidir a quién apoyar en los últimos comicios. “Mis padres me ayudaron pero yo elegí porque el voto es secreto y se acabó”, sentencia. El día del juicio Kiko solo estuvo acompañado de su abogada, y se vio obligado a contestar, según recuerda su familia, preguntas “muy difíciles” para él, como su opinión acerca de la subida del IVA, a lo que contestó que no le gusta porque repercute en la subida del transporte. Kiko trabaja en Círvite, asociación de ayuda a las personas con discapacidad, donde hace manipulados, participa en diversos talleres y en sus ratos libres es voluntario de la Cruz Roja. Es, por tanto, Kiko persona “curiosa”, según su madre, que se pregunta si otros, en su misma situación, habrían tenido la misma soltura en un ámbito tan “tenso” como una vista judicial. Mariano Casado, presidente de Plena Inclusión Madrid, denuncia el “ejercicio de discriminación” que supone que el colectivo afectado tenga que someterse a un “examen para determinar la calidad de su voto, cosa que no ocurre con el resto de la población”.

Las cifras


No hay datos de a cuántas personas la justicia ha restituido el derecho al sufragio, pero la tendencia es favorable desde que la guía para muchos jueces es la convención de la ONU sobre personas con discapacidad, que reconoce este derecho. Aun así, en el 2015 (último dato disponible) casi 100.000 personas no pudieron votar, una cifra que ha crecido exponencialmente ante el deseo de protección y la longevidad creciente, asociada en muchos casos a deterioros cognitivos.  

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