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Las víctimas del maltrato no tendrán que interponer denuncia para recibir ayuda

El Consejo de Ministros aprueba un real decreto con algunas de las medidas más urgentes del pacto contra la violencia machista

PATRICIA MARTÍN
03/08/2018

 

Casi 11 meses después de que el Congreso alumbrara el pacto de Estado contra la violencia machista, el Gobierno ha aprobado este viernes un real decreto que pone en marcha las primeras medidas legislativas: que las víctimas del maltrato no tengan que interponer denuncia para recibir ayuda, que los ayuntamientos recuperen las competencias en la lucha y prevención de esta lacra y la reforma del Código Civil para que los hijos de los maltratadores no precisen de la autorización paterna para recibir atención psicológica. 

Muchas víctimas tienen miedo de que al denunciar a su agresor, las instituciones no sepan protegerlas adecuadamente y este incremente su violencia hacia ella y acabe con su vida. Por ello, el Convenio del Consejo de Europa exige no supeditar la protección de las maltratadas al ejercicio de acciones legales o una declaración contra el autor. Ante esta recomendación, el real decreto, que entrará en vigor cuando se publique en el BOE, modifica la ley integral contra la violencia machista para acreditar los mecanismos e instituciones que podrán determinar si una mujer es víctima de esta situación o no.

El reconocimiento será otorgado por un informe del fiscal, de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida destinados a las víctimas. El Gobierno y las Comunidades Autónomas diseñarán los procedimientos básicos que permitan poner en marcha dicha acreditación. 

Acusación particular
Además, el real decreto fortalece la tutela judicial, al permitir la designación urgente de abogados y procuradores de oficio en los procedimientos que aseguren la inmediata defensa y representación de la víctima. Además las mujeres agredidas podrán personarse como acusación particular en cualquier fase del procedimiento.  

Algunas de estas medidas fueron avanzadas el pasado martes por la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior a la conferencia sectorial en la que se efectuó el reparto de los 100 millones que recibirán este año las autonomías, en cumplimiento del pacto de Estado. El Gobierno gestionará otros 80 millones y las administraciones locales 20. En dicha reunión Calvo se comprometió a doblar los fondos para los ayuntamientos, de forma que en 2019 recibirán 40 millones, tras recuperar las competencias contra el maltrato, mediante un real decreto aprobado este viernes el Consejo de Ministros. 

El decreto deroga una parte de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, de forma que los consistorios recuperarán las competencias en materia de servicios sociales, promoción de la igualdad, prevención de la violencia de género y atención inmediata a las víctimas. 

Entornos rurales
Los expertos en esta lacra han detectado que las mujeres que viven bajo el yugo extremo del machismo, sobre todo aquellas que viven en entornos rurales y sin mucha informacion, llaman primero a las puertas de los ayuntamientos para denunciar su situación y pedir ayuda, antes que a otras administraciones o oenegés. De ahí que el pacto de Estado acordara devolver a los consistorios las competencias, que ahora ejecuta el Gobierno de Pedro Sánchez. 

Por otro lado, el real decreto modifica el Código Civil para desvincular la intervención psicológica de menores expuestos al maltrato en sus hogares del ejercicio de la patria potestad. Esto implica modificar el artículo 156 para que la atención psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común de ambos progenitores, cuando exista una sentencia firme o haya una causa penal en curso por malos tratos o abusos sexuales. 

Es decir, que bastará con que la madre dé el consentimiento para que el menor reciba ayuda de los psicólogos, tan necesaria después de haber sufrido un entorno de maltrato. 

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