24 años después

Cada año -ya han pasado 24- rememoramos los trágicos hechos ocurridos en Badajoz y en Valverde de Leganés la noche del 5 al 6 de noviembre. 25 víctimas mortales (22 en Badajoz y 3 en Valverde) y decenas de destinos destrozados. No hace falta tirar de hemeroteca para acordarse de aquellos días porque la tozuda realidad se encarga de recordarnos que, casi un cuarto de siglo después, sigue abierta la herida, en forma de viviendas o construcciones pendientes de expropiación para ser derribadas, que permanecen en pie en terrenos fuera de ordenación como testigos de lo que sucedió y no debió ocurrir jamás.

Familias mal avenidas son capaces de apartar sus rencores en momentos de crisis aguda y consiguen estar a la altura olvidando viejas rencillas que la inmediata desgracia minimiza. Eso mismo ocurrió en las relaciones entre las administraciones en 1997 tras la riada. Echando a un lado las diferencias de partidos, todos estuvieron a una para buscar y poner en marcha soluciones, que debían ser inmediatas, pues había muchas vidas en juego. Llegaron las ayudas y se produjeron los realojos de quienes perdieron sus viviendas. Nacieron barrios nuevos de viejos vecinos en Badajoz que pronto asentaron y la ciudad se dotó de enormes parques que bordean los arroyos que aquella maldita noche se desbordaron.

Pero transcurrido todo este tiempo todavía quedan decisiones sin cumplir de los compromisos adquiridos. Aún hay construcciones en pie que aparecen tachadas en los planos y cuya adquisición y derribo supone un coste importante: casi 4 millones de euros según los cálculos del ayuntamiento pacense, cuyo gobierno lleva años reclamando a la Junta que contribuya y comparta esta carga, porque lo que aún queda por hacer no puede ser competencia exclusiva de la administración local.

En esto que el Gobierno regional sale diciendo que en su momento ya hizo lo que le correspondía, que fue realojar a las familias afectadas en viviendas de nueva construcción y que lo que aún está pendiente no le atañe. A la zaga de este desencuentro salta el grupo municipal socialista, que forma parte del ayuntamiento -fue la lista más votada, repite de continuo-, para defender que, efectivamente, la Junta ya ha puesto lo suyo, que es mucho más de lo que hasta ahora ha gastado el consistorio. Se atreve incluso a echar cuentas de lo que uno y otro han invertido en intentar remediar esta desgracia y compara los gastos para ridiculizar lo que el ayuntamiento ha puesto sobre la mesa en esta operación a largo plazo.

En esto que el gobierno local responde que los compromisos de las administraciones con la ciudad y con los afectados por la riada no finalizarán hasta que todo esté resuelto. Todo. Incluida la regeneración urbanística de los espacios fuera de ordenación. El ayuntamiento asegura que no se ha desentendido y pide al gobierno regional que tampoco lo haga. Al gobierno municipal se le puede reprochar su parsimonia en las actuaciones, que no ha puesto demasiado empeño en resolver las titularidades, convencer a los propietarios y agilizar las expropiaciones y los derribos o que no es su principal desvelo. No falta razón a quien echa en cara a los gobernantes locales que curar la herida de la riada era y debe ser una prioridad. Pero eso no justifica que la Junta a estas alturas se desentienda de lo que queda por hacer, porque cree que ya hizo lo que le correspondía. Aunque el acuerdo estuviese esculpido en granito no es justo. Los problemas de Cerro de Reyes o de Pardaleras son problemas de Badajoz y los problemas de Badajoz son de Extremadura, a pesar de que su resolución no luzca tanto como una plataforma logística. Si hace 24 años los responsables políticos supieron ponerse de acuerdo, deben volver a hacerlo y demostrar a los ciudadanos que merecen estar donde están.