A la basura

Desde que el Ayuntamiento de Badajoz aprobó la ordenanza que regula la nueva tasa de basura y, sobre todo, desde que entró en vigor y, después, empezaron a llegar los recibos a las viviendas para pagarla, se han oído tantas críticas culpando a unos y a otros de la imposición de este gravamen que no hay quien se aclare. En todo este tiempo, la valoración más clarividente que he escuchado ha sido la del concejal no adscrito y ex del grupo municipal de Vox, Carlos Pérez, que en una rueda de prensa celebrada esta semana intentó poner negro sobre blanco en una cuestión de la que todo el mundo cree saber, cuando lo único cierto que no hay vuelta de hoja con esta tasa es que, de momento, es de obligado pago. Después, ya se verá.

El recorrido de los recursos acaba de empezar y parecen imparables. Como la justicia empiece a dar la razón a los ciudadanos, todos los ayuntamientos irán detrás y ya se verá si tienen que devolver lo que están cobrando.

Recordaba Carlos Pérez que la tasa viene impuesta desde Europa, donde los grupos afines al PP y al PSOE sacaron adelante la directriz que obliga a los ciudadanos a asumir el gasto municipal para cubrir el coste real del servicio, que abarca desde la recogida de residuos, a su traslado, tratamiento y gestión. La norma europea se basa en la premisa de ‘quien contamina paga’. Para poder aplicarla, el Gobierno español aprobó una ley. El problema se ha generado porque no ha marcado unas pautas únicas para el criterio de aplicación a las que se puedan acoger todos y cada uno de los ayuntamientos. El resultado es que cada municipio está haciendo lo que le ha parecido. En el caso de Badajoz, se ha establecido una parte fija, que es la principal, y una variable según los metros cuadrados de la vivienda. Cuanta más superficie, más se paga.

El concejal no adscrito habla de «falsedades» y «medias verdades». Puede presumir de no tener deudas con ningunas siglas. Pero Carlos Pérez incide en que en Badajoz se está produciendo un doble pago, a pesar de que el equipo de gobierno insiste en que no es así. Por mucho que lo repita, una y otra vez, hay quien vuelve a sacar el argumento de que en 1991 el ayuntamiento incluyó la tasa de basura en el IBI, conocido como contribución. En aquel momento, solo existía el servicio de recogida, por lo tanto, no podría cubrir el servicio completo, desde que se vacía al contenedor hasta que llega al centro de tratamiento. El tipo de IBI que había en el 91 al incluirse la tasa de basura subió al 0,97. El actual es del 0,72, lo que demuestra que aquella subida está anulada. Aun así, a Carlos Pérez le habría parecido lógico que se hubiese quitado del IBI. No hay manera.

Critica también que la Federación de Vecinos y la de consumidores Facua estén liderando las reclamaciones y no reconozcan que sea una tasa impuesta, como claro movimiento partidista de oposición al gobierno local. Como también recuerda a los ciudadanos que con reclamar la fórmula de cálculo no se va a suspender el cobro y que posiblemente quienes ahora recurren pagarían más si en lugar de metros cuadrados, la tasa se calculase en función del número de personas que vive en cada vivienda. Le sorprende al concejal no adscrito que Vox, que siempre defiende a las familias numerosas, se oponga a la fórmula aplicada en Badajoz, pues si se hubiese optado por los empadronamientos, las viviendas con más miembros pagarían más. Reprocha además al PSOE por llamar ‘basurazo’ a una tasa impuesta por el Gobierno central. Todavía está esperando las miles de firmas que el PSOE anunció que recogería entre los ciudadanos en contra la subida de impuestos. «Se les habrán perdido por el camino», ironizó.

A quien considere ilegal esta medida animó a que acuda a la vía judicial. No hace falta una sentencia para tener claro que no se está cumpliendo lo que pretendía Europa, que es incentivar el reciclaje. A la basura con su premisa.