El derecho a la defensa: la piedra angular que fortalece un Estado de derecho

En estos últimos días, donde la labor informativa nos satura con el hallazgo de pruebas incriminatorias para la resolución de un crimen atroz y donde la sociedad se enfrenta con ello, al sentimiento que despierta la indignación, miedo o incluso deseos de venganza, suele resurgir una pregunta tan emocional como peligrosa: ¿cómo es posible que alguien así tenga derecho a un/a abogado/a? Evidentemente la respuesta, aunque incómoda desde el punto de vista emocional y humano, debe ser lo que define la grandeza y la madurez de un Estado de derecho, puesto que el derecho a la defensa no es ni un premio, ni un gesto compasivo hacia el investigado, sino es un principio estructural: una garantía que nos protege a todos, culpables e inocentes, frente al poder del Estado.

Este derecho fundamental, no se otorga por la calidad moral de la persona, sino por la dignidad inherente a todo ser humano y por la necesidad de que la justicia funcione con reglas claras, no con impulsos. Si solo defendemos a quienes nos caen bien, o a quienes consideramos "merecedores" de derechos, entonces esos derechos dejan de ser universales y se convierten en privilegios. Y un derecho que depende del juicio moral de la mayoría deja de ser un derecho.

Existe un error habitual en nuestra sociedad: confundir la defensa jurídica con la defensa moral del acto cometido. Un/a abogado/a no justifica el crimen; garantiza que el proceso sea limpio, que las pruebas se obtengan legalmente, que no haya abusos, que la condena -si la hay- sea proporcional y ajustada a la ley. La defensa no protege al delito, protege al proceso. Y un proceso justo, es la única forma de que la condena tenga legitimidad. Sin garantías, cualquier castigo, por merecido que parezca, se convierte en arbitrariedad.

El Estado tiene recursos inmensos: policía, fiscalía, laboratorios forenses, acceso a información, capacidad coercitiva. El ciudadano -cualquier ciudadano- está en una posición de vulnerabilidad frente a ese aparato. El/La abogado/a equilibra la balanza. Incluso en los casos más execrables, ese equilibrio es imprescindible. Porque si permitimos que el Estado ignore derechos en nombre de la gravedad del delito, abrimos la puerta a que mañana lo haga con cualquiera.

Cuando un/a abogado/a se sienta junto a un acusado de un crimen horrendo, no está defendiendo el horror: está defendiendo la idea de que la justicia debe ser imparcial, racional y humana

La fortaleza de un sistema democrático no se mide por cómo trata a los inocentes, sino por cómo trata a los culpables -o a quienes considera culpables antes de demostrarlo-. Defender a quien nadie quiere defender, es un acto de progreso y de civilización. Es la prueba de que la justicia no se deja arrastrar por la ira colectiva. El derecho a un/a abogado/a se fundamenta en la dignidad inherente a cada persona. Cuando un/a abogado/a se sienta junto a un acusado de un crimen horrendo, no está defendiendo el horror: está defendiendo la idea de que la justicia debe ser imparcial, racional y humana. Está recordando que la ley no se dobla ante la presión emocional. Está sosteniendo, en definitiva, la arquitectura del Estado de derecho.

Si renunciamos al principio de defensa, estamos renunciando a vivir en sociedad y a pesar de que puede resultar tentador pensar que ciertos individuos no merecen defensa, continuar con esa diatriba conduce a un lugar muy peligroso, a un sistema donde los derechos dependen del clima social, de la opinión pública o del poder político. Y en un sistema así, nadie se encontrará realmente protegido. Cuando la ciudadanía percibe que incluso los casos más difíciles, se tramitan con rigor y garantías, aumenta la legitimidad del sistema penal y se refuerza la cohesión social, sin olvidar que el ejercicio de la abogacía, ha de hacerse con la prudencia, humildad y honestidad, que nuestra profesión requiere, sin olvidar, una de nuestras banderas: el secreto profesional que, en definitiva, no deja de ser un derecho que en definitiva, protege al ciudadano. El derecho a un/a abogado/a, incluso, para quien ha cometido lo peor, es una declaración de principios: la justicia no se rebaja al nivel del crimen que juzga.