ICE(x)

Cuando me embarqué en esto de escribir una aportación semanal para La Crónica de Badajoz pretendía no dejarme influir en exceso por la actualidad, sino distanciarme, y distanciar a los lectores que tuviera, examinar cuestiones históricas que pudieran tener algún interés o relevancia en nuestra vida cotidiana. Con calma, sosiego, con el mínimo posible de acritud. La actualidad, no es exactamente a lo que me gustaría dedicarme, demasiado inmediata. No me lo están poniendo fácil. O eso, o me dejo desviar con facilidad de mis intenciones.

Hoy estoy especialmente indignado con un punto del reciente acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Vox. En la duodécima página del documento se estipula la "Creación de una Unidad Administrativa de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva". ¿De qué va esto? ¿Es necesario? A fin de cuentas las administraciones, todas, tienen ya instrumentos para detectar y perseguir el fraude, y de reforzarlos nada se dice. Se pretende la creación de un órgano completamente nuevo; lo que tiene su gracia porque en el mismo pacto se hace hincapié en la desregulación burocrática, con una vicepresidencia específicamente dedicada a ello. Cuando uno se plantea desregular y simplificar la burocracia, aspiración esta última legítima donde las haya, uno no crea un escalón administrativo más. Esta contradicción permite colegir que la sinceridad de las intenciones no es exactamente la que pretenden.

Ítem más. Esta novísima "unidad administrativa" está claramente dirigida a un sector específico de la población, los inmigrantes, por mucho que en este punto del acuerdo no se especifique. Es bastante obvio que la creación susodicha presupone la existencia de fraude en la recepción de prestaciones sociales y empadronamiento por parte de la población inmigrada. Este es el núcleo del problema, esa presuposición; en dar por hecho la culpabilidad delictiva y asignarla directamente a una población predeterminada.

Aunque no soy docto en historia del derecho, ni ducho en legislación, yo tenía entendido que una de las grandes conquistas históricas de la humanidad, de la modernidad, ha sido la presunción de inocencia, la idea de que solo se puede perseguir a una persona después de demostrarse que ha cometido un delito. Después, no antes. Por eso la actuación de la policía, los fiscales, los jueces está sujeta a unas normas muy estrictas, a procedimientos garantistas y deben demostrar irrefutablemente la comisión del delito. La experiencia de épocas pasadas en las que se presuponía la culpabilidad, en las que se pretendía extirpar el mal a base de perseguirlo antes de que apareciese, nos enseña que eso deriva en tétricas instituciones como la Inquisición (que no fue un fenómeno solo español), la NKVD, la Gestapo o la Pide. Todos sabemos a qué lúgubres situaciones nos llevaron y de lo que costó liberarse de ellas.

Sigo. La creación de esa "unidad administrativa" de tan largo y enrevesado nombre me da miedo por otras razones. Primero porque la experiencia, la historia, nos muestra que las "unidades administrativas" cobran vida propia, tienden a expandir su campo de actuación, a asumir nuevas funciones no siempre en línea de sus intenciones fundacionales. Y más miedo me da, segundo, porque nace (al estar formulada en el acuerdo político la semilla está ya plantada) con la voluntad de ser un órgano ideológico e inquisitivo para amedentrar y perseguir a una parte concreta y predeterminada de la población. Por ahora los inmigrantes, un poco al modo del trumpiano ICE (¿aparecerá como ICEx en el Diario Oficial de Extremadura?). Al ser un órgano ideológico nada impediría que expandiera sus funciones para perseguir y amedentrar a cualquiera que no estuviera de acuerdo, o que obstaculizara la actuación, de los firmantes de este documento. Es decir, "unidad administrativa", de título fingidamente anodina e inocente, corre el peligro cierto de ser una policía política no sujeta a las regulaciones que enmarcan la labor de los cuerpos de seguridad del estado. Lo que es claramente inaceptable y posiblemente anticonstitucional.

Finalmente, escribo esto desde el recuerdo de otra lección histórica. Aquella que dio el pastor luterano al escribir aquello de que "Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, ya que no era comunista,... (etc.)". Es decir, la historia nos dicta que conviene no guardar silencio, y mucho menos cuando la amenaza aún es incipiente, cuando no se ha formalizado del todo. De lo contrario, terminan viniendo por uno, por cualquiera, por todos nosotros.