El chacachá del Casco Antiguo de Badajoz

Cantaba El Consorcio aquel chachachá del tren. Una historia de deseo, traqueteo y encuentros fugaces rumbo a Lisboa -más nos gustaría a los pacenses, aunque fuera en un media distancia-. Hoy toca hablar de otro viaje, de otro consorcio y de otro chacachá. No el del tren. El del Casco Antiguo de Badajoz.

Decía esta semana la prensa, con entusiasmo publicitario, que la inversión privada está impulsando la transformación del casco histórico. Rehabilitaciones, apartamentos turísticos, algún hotel que asoma. Y uno, ingenuo, piensa: qué bien, esto será para alquiler asequible, para que la gente pueda vivir en su barrio. Luego recuerda en qué sistema vive y quiénes nos gobiernan, y se le pasa.

Porque conviene no hacerse trampas al solitario: el artículo 47 de la Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada, pero no dice en ningún sitio que ese derecho lo vayan a garantizar fondos de inversión, promotores o plataformas turísticas. Más bien al contrario: cuando el suelo y la vivienda se convierten en mercancía, el resultado suele ser el mismo en todas partes. Suben los precios y bajan los vecinos.

Aquí es donde entra el gran ausente de esta historia: el Consorcio. Pero no el que cantaba el chacachá del tren. Me refiero al Consorcio del Casco Antiguo de Badajoz. Ese organismo creado por varias administraciones para coordinar, planificar y liderar la regeneración urbana de nuestro centro histórico. Ese que, según la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, debería servir para gestionar de forma eficaz intereses comunes cuando una sola administración no llega. Ese.

Si uno repasa la hemeroteca encuentra anuncios grandilocuentes: captación de fondos europeos, rehabilitación integral, estructura técnica, sede, incorporación de personal especializado, incluso arqueólogos. La primera reunión se celebró con solemnidad institucional y promesas de transformación. Pero a partir de ahí, lo que hay es ruido de fondo y, sobre todo, inacción. Problemas para cubrir plazas, dimisiones, dudas sobre su capacidad operativa. Y en los últimos meses, directamente, silencio.

Así que la pregunta es bastante sencilla: ¿qué está haciendo ahora mismo el Consorcio del Casco Antiguo de Badajoz, que preside nuestro alcalde? Porque si el instrumento público llamado a liderar la recuperación no lidera nada, alguien está ocupando ese espacio. Y ese alguien no es precisamente el interés general.

Mientras tanto, el equipo de gobierno baila su propio chacachá con la iniciativa privada. Pero no una historia de sexo casual: más bien una relación estable, casi matrimonial, que ya hemos visto en servicios, en infraestructuras y ahora también en el modelo de ciudad. Externalizar, concesionar, dejar hacer. Y luego venderlo como modernización.

Pero no, no es modernización. Es renuncia. Renuncia a planificar desde lo público. Renuncia a intervenir el mercado cuando expulsa a la gente. Renuncia, en definitiva, a hacer política urbana de verdad. Porque eso exige conflicto, regulación y prioridades claras. Y aquí la prioridad parece bastante evidente: que quien tenga dinero compre, rehabilite y explote.

Luego vendrá el discurso de la revitalización, del turismo, de la dinamización económica. Palabras bonitas para un proceso bastante conocido: primero abandono, después oportunidad de negocio y finalmente gentrificación. De manual.

Y mientras tanto, el artículo 33 de la Constitución protege el derecho a la propiedad privada, sí, pero también establece que su función social delimita su contenido. Función social que, por lo visto, en el Casco Antiguo de Badajoz se interpreta como barra libre para convertir viviendas en activos financieros.

Frente a eso, el vecindario -con su asociación a la cabeza- haciendo mapas de edificios abandonados, organizándose, señalando lo que las instituciones no quieren ver. Gente sin presupuesto, sin competencias y sin fotos oficiales haciendo más por el Casco Antiguo que quienes cobran por gestionarlo y tienen la responsabilidad pública de hacerlo.

Así que no, el problema no es que haya inversión privada. El problema es que no hay proyecto público. Que el Consorcio está desaparecido. Que la vivienda se trata como mercancía y no como derecho. Y que cuando todo esto acabe, nos dirán que el Casco Antiguo ha mejorado. Y quizá sea verdad. Será más bonito. Más caro. Y bastante menos nuestro.