Condenados

Al menos dos de ellos están cumpliendo su castigo sin haber sido juzgados y aún menos, condenados

Gallardo y David Sánchez, en el banquillo, junto al resto de investigados. / EFE

Esta semana ha comenzado en la Audiencia Provincial de Badajoz el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez, David, de apellido artístico Azagra, que comparte banquillo con otros diez investigados, entre ellos el que fuese presidente de la Diputación de Badajoz, exlíder de los socialistas extremeños y candidato a la presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo. ¿El motivo? El presunto enchufe de David Sánchez y de su amigo Luis Carrero, en puestos de trabajo a medida en la Diputación de Badajoz.

Once acusados en el banquillo por un posible -dos- caso de enchufismo en una administración pública, una forma de proceder que el común de los mortales cree habitual o al menos no excepcional, si bien pocas veces se denuncia y mucho menos llega a una Audiencia Provincial. Es un silencio a gritos que enchufes hay, pero si es así, ¿quién se atreve a denunciarlos? ¿Qué pruebas puede aportar más allá de la sospecha? ¿Qué consecuencias tendrá para quien denuncia?

En la Administración existen resquicios con visos de legalidad para crear puestos a medida destinados a que los ocupen amigos y valedores. Familias enteras van haciéndose sitio gozando de los derechos de los empleados públicos. Entran para ocupar puestos de libre designación y encuentran la forma de anclarse en la plantilla hasta su jubilación. La clamorosa diferencia es que no son hermanos del presidente del Gobierno de España. Aun teniendo un apellido tan común, que un músico reputado recalase en Badajoz procedente de Moscú, llamaba la atención. Pero esta sospecha no salía de los corrillos, en susurros sin repercusión.

La denuncia partió en 2024 de Manos Limpias, una organización que hay quien define como pseudosindicato, para cuestionar su credibilidad. Antes que Manos Limpias, en Extremadura solo Unidas Podemos dio la voz de alarma por la contratación del hermano de Pedro Sánchez, pero el revuelo inicial se diluyó sin consecuencias. El PP de la diputación no se dio por aludido hasta que el caso estaba en marcha e hizo el paripé pidiendo una comisión de investigación que quedó en nada.

Cuestionable o no, la organización Manos Limpias fue la que puso en marcha toda la maquinaria que, sea cual sea el fallo judicial, ya ha condenado a los investigados. Ninguno de los once se habría imaginado jamás como acusados en un juicio en la Audiencia Provincial y en las portadas de medios de comunicación nacionales.

Será la justicia la que determine si hubo o no tráfico de influencias y prevaricación administrativa. El juicio se podría alargar hasta el 19 de junio, justo el día en el que da comienzo la Feria de San Juan de Badajoz. Menuda feria en las dependencias judiciales de la avenida de Colón. 42 testigos y peritos están llamados a testificar. Los investigados lo harán posiblemente el último día.

Al menos dos de ellos están cumpliendo su castigo sin haber sido juzgados y aún menos, condenados. David Azagra abandonó el puesto que seguía ocupando en la Diputación de Badajoz, que pasó de coordinador de los dos conservatorios a director de la Oficina de Artes Escénicas. Hasta tomar esta decisión, llegó a sufrir acoso en su vida privada. Se había convertido en un personaje público sin pretenderlo. Un personaje público de moral cuestionada. Renunció a su puesto de alta dirección mientras avanzaba la investigación. Atrás dejó los proyectos de ópera en cuyas bondades tanto insistieron en la diputación.

De más alto ha caído Gallardo, con una trayectoria política que solo tenía una dirección. Diez años presidente de la Diputación de Badajoz, seis mayorías absolutas en su pueblo, Villanueva de la Serena. Dejó la alcaldía y la diputación para ser presidente de la Junta y siendo su candidato el PSOE sufrió la peor debacle de su historia. No era todo culpa suya. Pero él era el candidato. También tuvo que dejarlo. Ha desaparecido de la esfera pública.