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Opinión | Disidencias

Éxito

La mejor política cultural probablemente sea aquella que acepta una doble exigencia: proteger proyectos valiosos que el mercado nunca sostendría por sí solo y, al mismo tiempo, exigir a esos proyectos una reflexión constante sobre su capacidad para dialogar con la ciudadanía

Ahora que está acabando el curso, y aunque el verano abre otra etapa para el calendario cultural, deportivo, festivo y de ocio con el que sacar al pueblo de su letargo estival, van terminando también las habituales actividades que programan entidades públicas y privadas durante todo el año y pretenden dinamizar la vida de nuestra ciudad. No tengo muy claro si el balance lo hacen ahora o a finales de año (igual ni lo hacen) y menos claro aún tengo dónde sitúan la línea que separa el éxito del fracaso. Hay citas que son auténticas joyas culturales e intelectuales y, sin embargo, no logran, por más que se repitan, aumentar el número de espectadores o, simplemente, que sean otros diferentes a los habituales. Y hay convocatorias que son planas y terminan por trascender.

El caso es que el éxito en la cultura se sostiene en diversas apoyaturas y no todas tan influyentes, necesarias o determinantes. Nos referimos a la rentabilidad -la cultura no es una mercancía -, a la concurrencia -si no se logra atraer a la gente, aunque sea gratis la actividad, tal vez el problema esté en la organización y la promoción- y a la trascendencia, donde, ahora sí, hay que poner el foco, porque si algo se programa y acaba siendo un fiasco -ocupar siquiera la mitad del aforo previsto y con los de siempre, no ver ni una reseña, por breve que sea, en ningún medio de comunicación, no lograr con la propuesta elevar el tono o el alcance del debate público y no llegar a estratos sociales o barrios que vayan más allá de las elites habituales-, el problema que se plantea adquiere proporciones preocupantes. Y si se solapan, se miran de reojo o se disimulan no se hace más que agravar el lío.

Desde la aparición de las primeras industrias culturales modernas hasta el actual ecosistema dominado por plataformas digitales, festivales, grandes eventos y políticas públicas de promoción cultural, persiste una pregunta incómoda: ¿debe una actividad cultural justificarse por su valor intrínseco o por su capacidad para atraer público y generar rentabilidad? La respuesta sencilla sería afirmar que la cultura debe estar por encima de cualquier consideración económica. Sin embargo, la realidad es más compleja. Ninguna actividad cultural existe completamente al margen de los recursos materiales que la hacen posible. La cuestión no es si la cultura debe relacionarse con la economía, sino hasta qué punto puede hacerlo sin perder su razón de ser.

El sociólogo y filósofo alemán Adorno fue uno de los primeros en advertir sobre los riesgos de la mercantilización cultural. Junto a Horkheimer acuñó el concepto de «industria cultural» para denunciar cómo la lógica del mercado podía convertir la creación artística en un producto estandarizado destinado principalmente al consumo. Según Adorno, cuando el beneficio económico se convierte en el criterio dominante, la cultura corre el riesgo de transformarse en entretenimiento uniforme y previsible. Si la rentabilidad económica se convierte en el único criterio de programación, muchas de las obras fundamentales de la historia cultural jamás habrían existido. La cultura necesita espacios donde la innovación, el riesgo y la experimentación puedan desarrollarse sin la presión inmediata de los resultados económicos.

Sin embargo, tan problemático como el mercantilismo es el elitismo cultural. Existe una tendencia, especialmente en determinados sectores institucionales, a considerar que la escasa asistencia de público constituye una prueba de excelencia. Como si el fracaso de convocatoria fuera una señal de profundidad intelectual. Esta actitud resulta profundamente equivocada. El historiador Tony Judt recordaba que las instituciones culturales no existen para contemplarse a sí mismas, sino para dialogar con la sociedad. Cuando una programación no consigue generar interés, participación o conversación pública durante años, es legítimo preguntarse si el problema reside exclusivamente en el público o también en quienes diseñan dicha programación.

Una actividad puede ser exigente, compleja y ambiciosa sin convertirse en inaccesible. El reto consiste precisamente en construir puentes entre la excelencia y la participación. La calidad y la popularidad no son necesariamente conceptos incompatibles. Por otro lado, tampoco debe confundirse el éxito de público con el valor cultural. Una actividad multitudinaria puede carecer de profundidad, del mismo modo que una propuesta minoritaria puede poseer una enorme relevancia artística. El número de asistentes es un indicador importante, pero no el único. También deben considerarse factores como la calidad del debate generado, la capacidad de formación de públicos, el impacto educativo, la innovación artística o la contribución al patrimonio cultural. Quizá el verdadero problema aparezca cuando una programación fracasa simultáneamente en todos los indicadores. Cuando no alcanza una asistencia significativa, no genera reflexión intelectual, no influye en el debate público, no produce innovación artística y tampoco deja una huella social reconocible.

En esos casos, la apelación constante a la calidad cultural puede convertirse en una coartada para evitar la autocrítica. El economista John Maynard Keynes, impulsor del apoyo público a las artes en el Reino Unido, defendía que la inversión cultural debía contribuir a enriquecer la vida colectiva. Si una actividad cultural no logra conectar con ninguna comunidad, ni presente ni futura, resulta razonable cuestionar sus planteamientos, formatos o estrategias de comunicación. La cultura no puede reducirse a una mercancía porque posee valores educativos, simbólicos, identitarios y democráticos que trascienden el mercado. Pero tampoco puede refugiarse en una supuesta superioridad moral para ignorar permanentemente la respuesta social que recibe. La mejor política cultural probablemente sea aquella que acepta una doble exigencia: proteger proyectos valiosos que el mercado nunca sostendría por sí solo y, al mismo tiempo, exigir a esos proyectos una reflexión constante sobre su capacidad para dialogar con la ciudadanía. Ni el éxito comercial garantiza el valor cultural, ni la ausencia de público garantiza la excelencia. En última instancia, la cultura cumple su función más elevada cuando logra algo extraordinariamente difícil: mantener su independencia intelectual sin perder el contacto con la sociedad a la que pretende servir.

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