Prefiero la cárcel

«Prefiero ir a prisión un año que perder mi carrera como funcionario». Son palabras textuales de uno de los abogados inmersos en la causa de David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, de la que esta semana se ha conocido la sentencia, que ninguno de los encausados esperaba. Reconozco que yo tampoco.

Cuando se hizo pública, el primer análisis fue contundente: todos han sido condenados. Todos sin excepción y todos por el mismo delito: prevaricación administrativa. El tráfico de influencias no se ha podido acreditar. La pena parecía en principio efímera: inhabilitación. No hay cárcel. Suspiro de alivio. ¿Suspiro de alivio? Nada más lejos. Inhabilitación especial para empleo público o cargo público y para el ejercicio del derecho del sufragio pasivo. Nueve años. 18 para el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.

Nueve años en los que ninguno de los once condenados se puede presentar a unas elecciones y, lo que es más grave, no puede ejercer ni un cargo ni un empleo público. Hay que tener en cuenta que una parte son funcionarios, que han aprobado una oposición que les ha asegurado un puesto de trabajo para toda la vida y ahora podrían quedarse sin él. De ahí la frase del abogado. Contundente, descriptiva y cierta. Serían nueve años en los que perderían su condición de funcionarios, con todo lo que ello conlleva, desde el punto de vista profesional, económico y también moral. Es normal que estén hechos polvo. Que no quieran hacer declaraciones. Sus nombres están expuestos al escarnio por algo que, según la Audiencia Provincial, hicieron. La sentencia tiene 377 páginas. Tienen derecho a recurrirla, primero en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, después en el Tribunal Supremo y les quedaría el Constitucional. Lo van a hacer porque mantienen su inocencia.

Son los funcionarios los que han salido peor parados. Y, teniendo en cuenta solo el fallo judicial -sin medir las consecuencias previas por la fama (mala) que ha arrastrado el proceso hasta llegar a este momento- son los funcionarios los más perjudicados por todo lo ocurrido, si finalmente ha ocurrido como ha dictado la Audiencia Provincial de Badajoz.

¿Qué pierden el hermano de Pedro Sánchez y el ex líder de los socialistas extremeños que no hayan perdido ya? Ninguno ocupa un cargo ni un empleo público. Si aspiraban a ocuparlos, se les habrán quitado las ganas, y ahora el derecho. Entre los afectados hay además puestos políticos en vigor. Ricardo Cabezas es concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz y diputado provincial; Francisco Martos es alcalde de Castuera; Cristina Núñez es concejala en Talavera la Real y Juana Cinta Calderón, primera teniente de alcalde en Olivenza.

Por encima de lo que digan los estatutos y el código ético de los partidos políticos, que se amoldan al vaivén de los intereses de cada momento, está la ley. Y según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, son inelegibles los condenados por delitos contra la Administración Pública cuando se les haya impuesto una pena de inhabilitación especial, absoluta o para el sufragio pasivo. Además, esas causas de inelegibilidad se convierten en incompatibilidad para quienes ya han sido elegidos. Dice también la ley que no tienen que presentar la dimisión voluntaria, sino que sus ayuntamientos o la diputación tramitarán la incompatibilidad y cubrirán las vacantes. La cuestión está en si la sentencia tiene que ser firme, es decir, que haya sido confirmada en todas las instancias a las que se recurra.

Como cada vez que se produce una condena que atañe a la actividad política, la interpretación varía según sea el partido del afectado o el contrario. De momento, los abogados van a pedir aclaraciones al fallo. Pueden pasar años hasta que esta sentencia se tenga que ejecutar o no en todos sus términos. Años de preocupación para cada uno de los condenados, que ya han sido condenados, aunque no sea firme.