La jueza considera "erróneo" el informe de la Guardia Civil sobre el 29-O

Nuevo capítulo en la investigación judicial de la causa de la dana. La jueza que instruye el caso en el Juzgado de Catarroja ha criticado el informe que la Guardia Civil ha realizado sobre las actuaciones de las distintas administraciones el 29 de octubre, día de la tragedia, y en el que criticaba la "lenta reacción" de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de Aemet así como la falta de haber trasladado información que llegaba desde las llamadas al 112 por parte de la Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias de la Generalitat.

Así, según un auto elaborado por Nuria Ruiz Tobarra para rechazar la petición de imputar al presidente de la CHJ, Miguel Polo, de una de las acusaciones (Liberum), considera que el informe de la Guardia Civil que ella misma solicitó "efectúa una extensa y minuciosa recopilación de datos y comunicaciones". No obstante, añade: "Desafortunadamente, dicho informe que había de limitarse a elaborar una cronología, es erróneo en sus consideraciones y apreciaciones sobre los fallos y negligencias de los intervinientes en los sucesos sucedidos el 29 de octubre de 2024".

Liberum solicitaba la citación como investigado de Polo después de que el informe de la Guardia Civil reflejara la falta de avisos del organismo de cuenca durante el 29-O. Sin embargo, la jueza desdeña este documento y además de señalar que "no se corresponde con lo acordado por esta jueza", que debía "limitarse a una cronología de los desbordamientos en ríos, barrancos y presas y su relación con los fallecimientos". "Refleja una teoría, la del apagón informativo, plenamente superada, que fue descartada judicialmente", explica la jueza.

Esta teoría es la que situaría la responsabilidad en la falta de avisos dados por la CHJ y Aemet y por las que, no se habría actuado desde el Cecopi. El auto de la jueza, de alguna manera, es un jarro de agua fría para la estrategia del Consell, que había encontrado un balón de oxígeno en un informe, el del Instituto Armado, que venía a refrescar la teoría del apagón informativo, por la ausencia de correos específicos durante más de dos horas, en los momentos críticos de la tarde del 29 de octubre.

Audio recortado

Sin embargo, el auto de la jueza desmonta esta línea abierta por la Guardia Civil. En este sentido, explica que pese a que el informe es "extenso, 220 páginas", este "no puede atender a lo que sucedió en el Cecopi, a las testificales de los técnicos, a las declaraciones de los familiares de las víctimas (...) a los peritos que analizan y analizarán aspectos cruciales sobre las previsiones y los desbordamientos" ni atiende a las "declaraciones de especial relevancia" por su cualificación profesional" que expresan "conclusiones radicalmente distintas a las expuestas e incluidas indebidamente en la cronología".

La jueza también también replica las críticas del informe de la Guardia Civil a Aemet: "Y en lo concerniente a la información de la Aemet proporcionada al 112 de la Generalitat, no se incide en las comunicaciones que efectivamente se produjeron telefónicamente. Una de ellas era un audio, que presuntamente se publicó recortado, y que reflejaba que efectivamente sí que se informó sobre la evolución meteorológica. No existe mención alguna a dicha comunicación de especial relevancia que fue publicitada y difundida públicamente, incluso por alguna autoridad, como un medio de desacreditar la existencia real de avisos por la AEMET". Una de esas autoridades fue el president de la Generalitat, Carlos Mazón.

La magistrada también afea que el informe no entre a valorar toda la información de que se disponía a través de los medios sobre una situación de riesgo, anunciada desde días antes. "Ello es especialmente significativo en relación a las previsiones meteorológicas, ampliamente adelantadas por los medios, basta leer las portadas de Las Provincias y del Levante-EMV del 29 de octubre de 2024, para comprobar hasta qué punto eran acertadas las previsiones, se tomaban medidas por otros organismos, la Universitat de València y entes públicos, y existía temor de la afectación de ramblas y barrancos.

"El único apagón fue el del Cecopi"

Sin embargo, se olvida de forma manifiesta este último elemento, la importancia de los medios de comunicación en el conocimiento de la situación y evolución de la emergencia". Ruiz Torraba también recuerda cómo los desbordamientos eran transmitidos en directo por las televisiones, y una de ellas À Punt permitía comprobar durante todo el día la evolución, con imágenes del desbordamiento del barranco del Poyo en Chiva y el momento en que se producía, retransmitiéndose en directo.

Nada de ello se hace constar como elemento de prueba en la cronología, pese a que la hora y lugar constan en las piezas periodísticas". Y concluye: "El único apagón que se produjo es lo que se calificó en el CECOPI como periodo de trabajo exclusivamente presencial, que se produjo en dos ocasiones, en momentos cruciales, y que por otro lado no es objeto de análisis en su repercusión y consecuencias en el informe de la Guardia Civil".

En sus apreciaciones sobre el informe de la Guardia Civil, la jueza entra también en la cuestión de la vigilancia de los barrancos: "La conclusión es clara, que más allá de aquellos puntos en los que la CHJ no posee un control del aforo, el control de los barrancos debe efectuarse a través del CCE, quien en el plan especial de inundaciones asumiría el control de los barrancos. Es la Generalitat quien debe efectuar el control de que efectivamente no se produzca un desbordamiento en estos casos", constata.

Además, la jueza recuerda el envío y retirada de los bomberos forestales a vigilar el barranco del Poyo, una vía de vigilancia complementaria a la medición de caudales, que no se contempla en el informe de la Guardia Civil: "Los bomberos forestales fueron desplegados y se retiraron. Difícilmente se puede achacar a la Confederación Hidrográfica del Júcar ni a su presidente que se retiraran los bomberos, que no se controlara el desbordamiento, y que se ocasionara el abrumador número de fallecimientos. Todas estas cuestiones no son abordadas por el informe de la Guardia Civil".

En este punto, la jueza recuerda que "los medios para la vigilancia de los barrancos y cuencas menores (CHJ, municipios y servicios de intervención desplegados en el territorio), no están ordenados en su utilización conforme a una prelación". "La conclusión es clara, que más allá de aquellos puntos en los que la CHJ no posee un control del aforo, el control de los barrancos debe efectuarse a través del CCE, quien en el plan especial de inundaciones asumiría el control de los barrancos", sentencia.

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