Dos funcionarias agraciadas con pisos protegidos en Les Naus no entregan la documentación requerida

Después de que INFORMACIÓN destapara el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante, la Generalitat Valenciana requirió documentación adicional a una decena de adjudicatarios en los que había sospechas de una posible tramitación irregular. Por ahora, según ha podido saber este diario, al menos dos de esas personas no han atendido el requerimiento de la conselleria: las dos funcionarias que comunicaron su intención de renunciar a los pisos.

Se trata, por un lado, de Elsa Lloret. La arquitecta municipal del Ayuntamiento de Alicante es una de las señaladas por las polémicas adjudicaciones después de que su marido, técnico de la Conselleria de Vivienda, fuera suspendido de empleo y sueldo por validar irregularmente su solicitud al residencial de vivienda protegida. Por otra parte, tampoco ha atendido la petición de la Generalitat la tesorera del Consistorio de Sant Joan, Sira Pérez, que volvió a su puesto municipal el pasado año tras unos seis años desempeñando funciones en la Administración autonómica. Ambas habían trasladado su voluntad de entregar los inmuebles protegidos que les fueron adjudicados en el residencial de La Condomina.

Procedimiento bajo la lupa

Todo ello se produce después de que la Generalitat Valenciana anunciara que revisaría, de nuevo, la documentación para comprobar si los adjudicatarios de la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante cumplían los requisitos exigidos. La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, avanzó que se cotejarían "todos y cada uno de los expedientes" de adjudicación para verificar que los datos aportados en su momento por los compradores son correctos y que no ha habido "manipulación" en el proceso. El movimiento autonómico se produjo debido a la grave crisis generada tras desvelar este diario que al menos una concejala (ahora ya dimitida), los dos hijos y un sobrino de una directora general (ahora también dimitida) y dos arquitectos del área de Urbanismo, entre otras personas con vínculos con varios ayuntamientos gobernados por el PP, habían sido agraciados con inmuebles en la primera promoción protegida que se ejecutaba en la ciudad en dos décadas.

En esta revisión, Vivienda detectó en torno a una decena de solicitudes con las que se había empleado un mismo "modus operandi" por parte del funcionario apartado de su cargo, y concluyó que era necesario recabar más información para poder asegurar que las adjudicaciones se habían llevado a cabo de forma correcta. Por ello, el departamento autonómico de Susana Camarero requirió nuevos datos a los propietarios de los expedientes bajo sospecha. Del total de requerimientos, al menos dos (los de Elsa Lloret y Sira Pérez) no han sido atendidos en el plazo otorgado para ello.

En manos de la jueza

La magistrada que investiga las presuntas irregularidades ya dispone de toda la documentación requerida. Tanto la Conselleria de Vivienda como la cooperativa responsable del proyecto han remitido al juzgado los informes que se les habían solicitado, después de que el Ayuntamiento de Alicante hiciera lo propio la semana pasada, tras el requerimiento del juzgado.

La documentación de la Conselleria, entre la que se encuentra un informe con las conclusiones de su investigación interna sobre las irregularidades detectadas, llegó a última hora del martes, mientras que este miércoles se recibieron los papeles de la gestora de la cooperativa, cuyo administrador es a su vez propietario de uno de los áticos. Los expedientes han sido enviados justo cuando expiraba el plazo de diez días concedido por la magistrada Amparo Rubio para su entrega.

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