El riesgo que Laura veía y que los tribunales no supieron detectar: todo lo que falló en el asesinato machista de Asturias

Una mujer maltratada durante años sabe perfectamente el riesgo que corre. Sin embargo, en ocasiones, el sistema judicial se dirige a esa víctima y le dice que está exagerando o que su estado emocional distorsiona su percepción. El resultado es que la valoración oficial del riesgo se queda muy corta y la protección institucional que necesita la mujer resulta insuficiente.

Este ha sido, según varias expertas en violencia machista, uno de los fallos en el caso de Laura Cruz, de 50 años y madre de un joven de 19 y dos niñas de 13. La semana pasada, en Llanes (Asturias), fue asesinada a tiros por su expareja, un guardia civil expulsado del cuerpo que se apoderó del arma reglamentaria de un compañero.

Psicólogas y juristas añaden que la falta de perspectiva de género en muchos juzgados, el escaso control sobre el armamento policial y la poca importancia que todavía se concede a la violencia económica son otros elementos que demuestran que fallaron demasiadas cosas en el caso de Laura, que también era guardia civil y cuya tortura comenzó en 2014, tras separarse de Dámaso Fernández, su asesino. En 2019, él le propinó una brutal paliza y fue condenado por maltrato. La Guardia Civil le retiró el arma, le abrió un expediente y acordó hace escasos días su expulsión del cuerpo.

Violencia económica

Durante todo este tiempo, Laura intentó rehacer su vida, pero él no se lo permitía. Tener una hipoteca en común y tres hijos le permitió ejercer violencia económica sobre ella. Según fuentes cercanas a la familia, se desentendió desde el principio de las niñas, gemelas que ahora tienen 13 años. “Es un claro ejemplo de estrategia de control y desgaste”, subraya Cecília Gelpí, psicóloga experta en trauma, violencia machista y crisis. “La violencia económica, bien porque tengas hijos en común a los que hay que alimentar o una propiedad compartida, es una forma de tortura”, añade Susana Gisbert, fiscal especializada en violencia de género.

Sufrida por el 11,5% de las mujeres en España, la violencia económica es un fenómeno aún bastante desconocido incluso entre los profesionales y operadores jurídicos. Durante años ha estado invisibilizada y normalizada. Ademá, adopta muchas formas que no dejan huellas tan visibles como los golpes.

"Tenemos que realizar una profunda reflexión. Laura hizo todo lo que debe hacer una mujer en su caso: acudir a la justicia y denunciar. Pero no se supo ponderar el riesgo que corría"

— Susana Gisbert, fiscal especializada en violencia de género

“Tenemos que realizar una profunda reflexión. Laura hizo todo lo que debe hacer una mujer en su caso: acudir a la justicia y denunciar. Pero no se supo ponderar el riesgo que corría”, explica la fiscal Gisbert. “No podemos hacer nada ya por Laura. El único homenaje que podemos rendirle es estudiar lo que ha pasado y los fallos que se han producido para que no vuelva a suceder nada parecido”, añade.

La valoración del riesgo aparece como el fallo más grave. “A veces, el sistema judicial cree que conoce mejor el riesgo que la propia mujer. El sistema le dice: sufres estrés, estás hipervigilante o eres una exagerada, y no le proporciona los medios que ella pide y necesita”, critica la psicóloga Gelpí. “Las mujeres que llevan años soportando malos tratos, como era el caso de Laura, tienen un excelente radar para detectar la escalada de violencia de sus agresores. Sin embargo, hay una asimetría entre el conocimiento que tienen estas mujeres y el conocimiento institucional”, añade Gelpí, que lamenta que la violencia económica y la violencia psicológica sigan un paso por detrás en la escala judicial a la hora de valorar el riesgo que corre una víctima. “El sistema te dice que, para protegerte, tienes que demostrar que estás en peligro físico”, asevera la psicóloga, que califica esta situación de “victimización secundaria institucional”.

Pulsera antimaltrato

En lo que va de verano, 11 mujeres han sido víctimas de crímenes machistas. La cifra se eleva a 33 desde inicios de año: un 46% más que en 2025. Tras los asesinatos emergen dos patrones señalados por las expertas: los fallos en el sistema de protección (una de cada tres mujeres había denunciado) y una violencia cada vez más extrema en los crímenes.

"El asesino de Laura instrumentalizó el sistema judicial y utilizó herramientas legales para ejercer el control sobre ella"

— Cecília Gelpí, psicóloga

Hace unos meses, Laura pidió a los tribunales que reactivaran la pulsera antimaltratadores de Dámaso, pero la respuesta fue negativa porque los jueces no apreciaron “riesgo objetivo”. El acoso y derribo del asesino tiene un claro reflejo en las decenas de denuncias -hasta 45- que llegó a interponer contra ella por banalidades, como la limpieza del hogar o el hecho que de las menores no llevaran calcetines. “Él instrumentalizó el sistema judicial. Utilizó herramientas legales para ejercer el control sobre ella”, destaca la psicóloga. “Este asesinato -concluye- es la expresión extrema de la lógica de dominación y castigo”. Cuando se separaon, un juzgado de Llanes estableció la custodia para Laura y un régimen de visitas por el que el agente podía ver a sus hijos ocho días al mes. Dámaso tenía que colaborar en su manutención, algo que fue una verdadera lucha para Laura.

Control de armas

Ambas expertas también piden analizar el control de las armas en un cuerpo como la Guardia Civil. Dámaso tenía su arma retirada, pero robó la de un compañero. ¿Cómo pudo hacerlo con tanta facilidad? ¿No existe un control exhaustivo del armamento? Son preguntas que, de momento, siguen sin respuesta.